Puerto Libertador enfrenta una nueva crisis administrativa. Un juzgado local ordenó la captura del presidente del Concejo, Leonel Coronado Fernández, y le impuso una multa porque no entregó documentos oficiales que fueron requeridos en una actuación judicial. Lo que comenzó como un simple incumplimiento administrativo ha escalado a una controversia que cuestiona la gobernanza del municipio.

Los documentos que generan todo este alboroto no son papeles menores. Se trata de acuerdos municipales aprobados durante 2024 y 2025, registros fundamentales que respaldan decisiones públicas y garantizan que los ciudadanos sepan en qué se gasta su dinero. Uno de estos acuerdos autorizó nada menos que un empréstito (crédito) superior a 18.300 millones de pesos para diversos proyectos en el territorio.

Lo más preocupante es lo que salió a la luz en una sesión plenaria del 27 de mayo: varios de estos acuerdos, junto con actas de comisión y sesiones de 2024 y 2025, simplemente no aparecen en los archivos del Concejo. Nadie sabe con certeza qué pasó. ¿Se extraviaron? ¿Nunca se guardaron correctamente? ¿Hay responsables específicos? Por ahora, solo hay silencio.

La responsabilidad no recae únicamente sobre los hombros de Coronado. En el panorama también están los expresidentes del Concejo: Alfredo Valderrama, quien dirigió la corporación en 2024, y Gilberto Parra, que la encabezó en 2025. Todos ellos han quedado cuestionados por esta falla en la custodia documental.

Para la gente de Puerto Libertador, esto va más allá de un desorden administrativo. Los acuerdos municipales son el fundamento de la transparencia, el comprobante de que existe control político y que las decisiones que afectan la vida cotidiana del municipio quedan registradas. Sin estos documentos, ¿cómo saber si hubo irregularidades? ¿Cómo fiscalizar la gestión pública?

Mientras los juzgados avanzan en las diligencias, la comunidad aguarda respuestas. ¿Fue negligencia en la organización? ¿Una falla grave en la custodia? ¿O algo más profundo que cuestiona la integridad institucional? Por ahora, el Concejo de Puerto Libertador tiene mucho que explicar.