Lo que pasó con Blanca Aurora Uribe de Restrepo es el tipo de historia que pone en evidencia los problemas reales que enfrentan los colombianos con su salud. A finales de enero, un juez de Medellín le ordenó a la Nueva EPS que urgentemente le hiciera un cambio de marcapasos, ese dispositivo que mantiene el ritmo del corazón. Los médicos lo habían indicado, y la orden judicial era clara: trasladarla a un hospital especializado para reemplazar su marcapasos por uno más avanzado que funcionara en dos cavidades del corazón. Pero pasó un mes y nada sucedió.

La paciente seguía internada en cuidados intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel sin que nadie gestionara su traslado. Alguien cercano a ella, Mónica Isabel Restrepo, quien actuó como su representante ante las autoridades, tuvo que acudir nuevamente a la justicia para exigir que se cumpliera lo ordenado. Y así, el 18 de febrero, el juzgado declaró que había desacato a la orden judicial.

Las consecuencias llegaron rápido. El juez impuso arrestar por dos días al interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galvis Mateus, y también al gerente regional Noroccidente de la entidad, Carlos Andrés Vasco Álvarez. Además, los condenó a pagar multas equivalentes a dos salarios mínimos mensuales cada uno. El fallo debe ser revisado por el Tribunal Superior de Medellín, y una vez quede definitivo, la Policía Metropolitana deberá hacer efectiva la detención.

Este caso llega en un momento en que el país está mirando de frente los problemas sistémicos de la Nueva EPS. Hace poco el niño Kevin Acosta, de siete años, murió porque no recibía sus medicamentos para la hemofilia, un trastorno de la coagulación que requiere tratamiento constante. Esos casos, separados pero similares, muestran un patrón preocupante: una de las aseguradoras de salud más grandes del país no está cumpliendo con lo elemental, que es garantizar que sus afiliados reciban la atención médica que necesitan.

Lo que sucede con Blanca Aurora y lo que pasó con Kevin Acosta van más allá de errores administrativos. Son violaciones a derechos fundamentales. Por eso la decisión del juez de Medellín no solo sanciona a dos funcionarios, sino que abre una conversación necesaria sobre cuándo una empresa de salud deja de ser una opción viable para cuidar a los colombianos.