La justicia golpeó duro a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras. El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá mandó a arresto por cinco días al director Felipe Harman y a la secretaria general Ángela Lorena Ortiz Rosero por desacatar una orden judicial. El despacho también les impuso multas de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno, lo que en total suma más de 31 millones de pesos.

Todo comenzó cuando la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia pidió información en noviembre de 2025 sobre la compra del predio "Peñasgordas", ubicado en Dagua, Valle del Cauca. Según Valencia, esa tierra ha sido ocupada por comunidades campesinas durante más de 20 años, una condición que legalmente impediría que la ANT la adquiriera para programas de reforma agraria. La agencia simplemente no respondió.

Ante el silencio, un juez falló a favor de Valencia el 16 de diciembre de 2025 y ordenó a la ANT entregar la información en 48 horas. Pero pasaron 53 días hábiles sin que la entidad cumpliera. Esto llevó al juzgado a abrir un incidente de desacato y ordenar los arrestos.

Valencia ha cuestionado públicamente qué se oculta detrás de este silencio. "¿Qué tanto esconden en la ANT que no me quieren entregar la información de la compra y adjudicación de predios?", escribió en redes sociales. La senadora también denunció la existencia de presuntas comisiones del 10% en la compra de tierras, sugiriendo que los desembolsos se demorarían hasta que los propietarios paguen esas coimas.

Por estas sospechas, el juzgado también remitió copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar posible fraude a resolución judicial y otras responsabilidades penales.

Desde la ANT, Felipe Harman defendió su gestión en entrevista con La FM. Según el director, la entidad ya había respondido el derecho de petición y las constancias fueron enviadas al juzgado para solicitar revocar la medida. Aseguró que el incidente se configuró por una respuesta inicial tardía, pero que la información finalmente fue remitida. La agencia también negó categóricamente que exista una práctica de cobro de comisiones. Por ahora, el arresto no será efectivo hasta que haya una decisión en segunda instancia.