El Juzgado 50 Laboral del Circuito de Bogotá le propinó un golpe judicial al director de la Agencia Nacional de Tierras. Felipe Harman fue condenado a cinco días de arresto por incumplir una orden de tutela que en diciembre de 2025 ordenó la entidad responder una serie de cuestionamientos sobre un terreno llamado Peñasgordas, ubicado en Dagua, Valle del Cauca. Además de la detención, el funcionario deberá pagar una multa cercana a los ocho millones de pesos, lo mismo que Ángela Lorena Ortiz Rosero, secretaria general de la ANT.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, había presentado la tutela porque según su equipo jurídico el predio llevaba más de veinte años ocupado por comunidades campesinas. Ella solicitaba información detallada sobre la situación legal del terreno y las condiciones en que la ANT estaría adelantando su compra. El juzgado consideró que la entidad no respondió de manera oportuna a estos cuestionamientos, lo que configuró un desacato a la orden judicial.

En derecho, cuando un funcionario público se rehúsa o es renuente a cumplir una decisión de un juez en tutela, las autoridades pueden aplicar sanciones económicas o arrestos para garantizar que se cumpla el fallo. Este fue el camino que tomó la justicia laboral en este caso.

Desde la ANT reaccionaron con relativizaciones. El director Harman, a través de un comunicado oficial, aseguró que la sanción aún no está en firme porque falta ser confirmada en segunda instancia. También sostuvieron que ya respondieron el derecho de petición de Valencia y negaron estar ocultando información sobre la compra del predio. "La entidad no oculta información. Durante el trámite de la solicitud se presentaron demoras asociadas al proceso de recopilación y verificación de la información técnica y jurídica necesaria para emitir una respuesta completa y responsable", explicó la ANT.

La agencia argumentó que esas demoras se debieron a la complejidad de los procesos relacionados con la adquisición y adjudicación de predios que maneja. Además rechazaron lo que llamaron "afirmaciones sobre supuestas prácticas sistemáticas de cobro de comisiones" en la compra de tierras, y señalaron que bajo la dirección de Harman han adoptado medidas para identificar y denunciar irregularidades ante las autoridades competentes.

El caso llega mientras el país debate sobre cómo el Estado compra tierras y cómo implementa su política de acceso a la tierra. El proceso judicial continuará su marcha mientras se define si la condena queda definitiva en las instancias superiores de justicia.