La Universidad Nacional atraviesa un nuevo capítulo de su crisis administrativa. La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de José Ismael Peña Reyes y ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) reintegrarlo como rector en las próximas 48 horas. La orden no admite recursos de apelación y debe cumplirse de inmediato, aunque luego pasará a la Corte Constitucional para eventual revisión.

El fallo llegó como resultado de una acción de tutela que Peña presentó en segunda instancia, tras lo cual el tribunal revocó una decisión anterior del 21 de diciembre de 2025 que le había negado sus pretensiones. La magistrada Luz Marina Ibáñez, ponente de la decisión, determinó que el Consejo Superior Universitario hizo una "lectura inadecuada" de una sentencia del Consejo de Estado, al interpretar que no estaba obligado a restituir al rector. El tribunal concluyó que la autonomía universitaria no puede ser pretexto para desconocer un acto administrativo vigente como fue su elección.

Los antecedentes de este conflicto son complejos. En septiembre de 2025, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Peña, pero posteriormente dejó claro que su elección del 21 de marzo de 2024 era válida y que la designación de Leopoldo Múnera había sido nula. A pesar de ello, el CSU nombró como rector encargado a Andrés Felipe Mora, entonces vicerrector general, decisión que se mantuvo incluso después de que el Consejo de Estado negara una solicitud de aclaración sobre el tema.

La reacción no se hizo esperar. Horas después de conocerse el fallo, estudiantes de la sede Bogotá se reunieron en asamblea y aprobaron un paro de una semana en rechazo al regreso del directivo. La medida refleja el profundo desacuerdo que existe en el campus sobre esta decisión judicial y anticipa nuevas movilizaciones en los próximos días.

Según el abogado Saúl Orlando León, la decisión del tribunal es de cumplimiento inmediato dentro del plazo de 48 horas fijado. Esto significa que el CSU no tiene opciones legales para postergar la orden, aunque sí podrá impugnarla ante la Corte Constitucional en los trámites posteriores, algo que no suspende la ejecución de la orden.

Mientras el Consejo Superior Universitario se prepara para ejecutar lo ordenado por el tribunal, la tensión domina el ambiente en el campus de la principal universidad pública del país. La comunidad académica se debate entre cumplir una orden judicial y las presiones internas de una institución visiblemente dividida sobre quién debe liderar la rectoría.