El escándalo de la parranda que presuntamente financiaron capos dentro de la cárcel de Itagüí trascendió las paredes del penal y llegó hasta el Congreso de la República. La celebración, que contó con la participación del cantante Nelson Velásquez y la compra de licor y comida, se convirtió en la punta de lanza para que la oposición arremeta contra el Gobierno por el manejo de los centros penitenciarios del país.

Hernán Cadavid, representante y senador electo del Centro Democrático, fue quien encendió la alarma al anunciar que convocará un debate de control político. En sus palabras, tanto el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, como el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, deberán rendir cuentas sobre lo sucedido. Cadavid no dudó en criticar lo que considera un patrón preocupante en las cárceles, señalando "las inconsistencias, de los malos manejos, del tratamiento privilegiado que se les está dando a los miembros de las bandas criminales de Medellín, cobijados con la llamada paz total".

La comparación que hace Cadavid es contundente: relaciona estos hechos con los peores años de la época de Pablo Escobar en la Catedral, cuando los criminales también gozaban de condiciones excepcionales dentro del sistema penitenciario. El senador electo insiste en que hay responsables políticos que deben asumir las consecuencias de estos hechos y dar la cara ante el país en los últimos cuatro meses que le quedan al Gobierno en funciones.

Como respuesta inmediata al escándalo, el Inpec ya tomó medidas drásticas. Removió de su cargo al director de la cárcel de Itagüí e inició una investigación interna para determinar quiénes fueron los funcionarios que permitieron que se realizara esta megafiesta para los criminales recluidos en ese penal. Las autoridades penitenciarias ahora tienen la presión de esclarecer cómo pudo ocurrir algo así dentro de un centro de reclusión de seguridad.