Por segunda vez, el proyecto de ley que busca crear la Jurisdicción Agraria se quedó sin poder avanzar en las plenarias del Senado y la Cámara. La razón: los partidos de oposición ejecutaron una estrategia coordinada para que no se reuniera el quórum necesario para la votación. En el Senado, los congresistas opositores se retiraron del recinto, dejando sin posibilidad de continuar el debate sobre los impedimentos presentados frente a esta iniciativa.

El senador Iván Cepeda cuestionó públicamente a congresistas como la senadora Paloma Valencia por no asistir a la sesión. Cepeda aprovechó para criticar que Valencia se haya declarado impedida en este tema, especialmente cuando su primo, Nicolás Laserna, "haya sido responsable de haber ocupado un baldío de la nación", lo que lo obligó a devolverle la tierra a la Agencia de Tierras hace poco. Según Cepeda, esta situación revela que hay otros congresistas en el recinto que también tienen conexiones con baldíos de la nación que deben esclarecerse.

En la Cámara de Representantes la situación fue diferente pero igual de frustrante para el Gobierno. El quórum se desconfiguró después de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia presentaran objeciones sustanciales al proyecto. La magistrada Adriana López señaló que "este proyecto de ley presenta vacíos procedimentales muy grandes en la medida en que si bien remite e implementa muchas de las reglas del Código General del Proceso, no trae un procedimiento sistemático que obedezca a ese procedimiento agrario". El magistrado Carlos Mantilla se pronunció especialmente sobre el artículo noveno, afirmando que los conflictos agrarios deben ser resueltos por jueces: "Consideramos que sin perjuicio de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, consideramos que las controversias agrarias tienen su materialización práctica frente a la reforma constitucional y la ley estatutaria, cuando ellas son conocidas por la autoridad judicial".

Ese artículo noveno es precisamente uno de los más controversiales del proyecto, pues permitiría que la Agencia Nacional de Tierras resolviera algunos conflictos sin intervención de los jueces, lo que críticos describen como una "expropiación exprés". El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que el Gobierno está dispuesto a buscar acuerdos sobre este punto específico. Según Cuervo, la intención es que "todos esos procesos que se van a resolver sin que haya oposición por parte de la Agencia de Tierras, van a tener control judicial y podría pensarse que se trate de un control judicial automático frente a la decisión final de la Agencia Nacional de Tierras".

El proyecto de ley volverá a incluirse en el orden del día de las plenarias del Congreso para la próxima semana, aunque los obstáculos siguen siendo considerables tanto en el seno de la oposición como dentro de la rama judicial.