Los cuestionamientos arrecian contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la decisión de suspender órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales en Medellín. Desde diversos sectores de la oposición política, la medida ha generado alarma y acusaciones de que se trata de una estrategia con fines electorales.

El Centro Democrático fue uno de los primeros en pronunciarse. El partido político indicó que "El Gobierno levanta órdenes de captura a cabecillas criminales en Medellín. La pregunta es inevitable: ¿los están dejando libres para hacer 'política' a favor de Cepeda? Lo de Gustavo Petro e Iván Cepeda ya no admite maquillajes: alcahuetas de la criminalidad. La libertad de los principales cabecillas del crimen en Medellín es un insulto a Antioquia y una amenaza directa a la democracia". Los críticos sostienen que los delincuentes podrían ser liberados de cárceles para hacer campaña a favor del candidato presidencial Cepeda.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, anunció que llevará la denuncia ante instancias internacionales. "Ahora quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones. Denunciaremos ante las instancias internacionales. El Gobierno se está siendo cómplice de la criminalidad en Colombia", expresó. Valencia también señaló que la administración Petro "insiste en darle contentillo a toda la criminalidad ahora en Antioquia" y recordó que el Pacto Histórico obtuvo el 54 por ciento de sus votos en 126 municipios donde operan grupos ilegales.

El senador electo Hernán Cadavid criticó la política de paz total del Gobierno, calificándola de fallida. Según él, criminales han pasado de estar encarcelados a estar en las calles. Cadavid cuestionó el timing político, afirmando: "Los mismos cabecillas que estaban en la cárcel de Itagüí, beneficiados por el gobierno Petro, acaban de obtener la libertad. A 60 días de la elección presidencial, no hay que ser adivino para saber dónde van a incidir y por quién van a llevar a votar. Es una mezcla peligrosísima del Gobierno Petro con la delincuencia". El senador electo pidió al nuevo Congreso que elimine la ley de paz total.

Otros candidatos presidenciales también se pronunciaron. Sergio Fajardo rechazó la medida diciendo que "la paz total no puede convertirse en una estrategia electoral basada en el miedo" y advirtió sobre un riesgo electoral al afirmar: "La liberación de cabecillas en zonas bajo control criminal abre una preocupación legítima: ¿Se está cambiando impunidad por votos? Colombia no puede aceptar que el miedo influya en las elecciones". Por su parte, el candidato Abelardo De la Espriella acusó directamente a Petro y Cepeda de un plan criminal para influir en los comicios.

Desde la oposición se coincide en que Colombia requiere una política de seguridad sólida que no se disfrace con concesiones a organizaciones criminales. La suspensión de órdenes de captura ha generado un intenso debate sobre si la política de paz total del Gobierno está priorizando objetivos políticos sobre la seguridad ciudadana.