Las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo dejaron una cifra esperanzadora: una participación superior al 50 por ciento sin alteraciones graves. Pero eso, según la ONU, apenas rasguña la superficie de un problema más profundo. El informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que será presentado ante el Consejo de Seguridad, pinta un panorama donde la seguridad del país sigue siendo extremadamente frágil.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció que la jornada se desarrolló "en gran medida de forma pacífica", pero fue claro en su advertencia: eso no significa que las cosas estén mejorando realmente. "Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto", señaló.

La realidad sobre el terreno es contundente. A pesar de que más de 246.000 uniformados de la Fuerza Pública estuvieron desplegados cuidando los comicios, el informe documentó ataques contra la seguridad de candidatos, la desaparición de un aspirante al Senado, retención de lideresas indígenas y asesinatos de militares durante operativos electorales. En al menos 185 municipios, especialmente en zonas rurales, existían riesgos altos. Allí, los grupos armados no solo están presentes: imponen reglas, controlan a la población y deciden quién puede participar en política.

El caso del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las FARC, ilustra la gravedad. Sus integrantes denunciaron presiones y amenazas durante toda la campaña. El informe lo deja claro: "la participación política de los excombatientes sigue siendo un ejercicio de alto riesgo donde el Estado carece de presencia".

Lo más preocupante es lo que pasó después de los ceses al fuego de fin de año. Lejos de mejorar, el panorama se deterioró. Desde enero, los enfrentamientos entre grupos criminales se intensificaron y llegaron a nuevas zonas, incluso usando drones. Más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas sin poder salir de sus territorios. Se registraron asesinatos de líderes sociales, masacres y hallazgos escalofriantes como el de 26 cuerpos en Guaviare, entre ellos menores de comunidades indígenas.

La ONU es clara sobre las causas: las disputas por territorio entre grupos armados, alimentadas por el narcotráfico y la minería ilícita, siguen siendo el motor principal de la violencia contra civiles. En cuanto a los procesos de paz, el panorama es mixto. Mientras algunos diálogos avanzan, otros como las negociaciones con el ELN permanecen estancados.

De cara a las elecciones presidenciales, la ONU hace un llamado urgente: "A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes". Sin esas garantías, advierte el organismo internacional, corre riesgo repetirse hechos de violencia que afecten la participación y la legitimidad misma del proceso democrático.