La situación del cultivo de coca en Colombia muestra un panorama mixto que preocupa a los observadores internacionales. De acuerdo con un informe publicado esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país registró 261.000 hectáreas de hoja de coca en 2024, lo que representa un incremento del 3,5 por ciento frente al año anterior. Aunque el crecimiento no es espectacular, refleja la dificultad de contener una actividad que sigue siendo rentable en varias zonas del territorio nacional.

Los cambios no se distribuyen equitativamente en el mapa colombiano. La región del Pacífico vivió la transformación más dramática, pasando de 107.078 hectáreas en 2023 a 121.612 en 2024, un salto del 14 por ciento que enciende alarmas entre autoridades internacionales. La zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, también experimentó un repunte preocupante del 11 por ciento, llegando a 48.739 hectáreas. En contraste, departamentos como Putumayo y Caquetá demostraron que es posible reducir estos cultivos, logrando una caída del 14 por ciento al pasar de 56.933 a 49.190 hectáreas. La región Central también redujo su área en un 7 por ciento, hasta 34.348 hectáreas.

En el terreno operativo, los resultados ofrecen algunos signos alentadores. Las incautaciones de cocaína crecieron un 19 por ciento en 2024, alcanzando 889.201 kilogramos frente a los 746.285 del año anterior. Las autoridades también derribaron 5.226 laboratorios ilegales, una cifra apenas superior a la del año pasado. Sin embargo, la erradicación manual forzosa de cultivos se desplomó un 54 por ciento, cayendo de 20.325 a 9.403 hectáreas, lo que refleja cambios en las prioridades operativas durante el gobierno actual.

El presidente Gustavo Petro ha rechazado públicamente las mediciones de la ONU, cuestionando tanto la metodología de conteo como los enfoques tradicionales de lucha contra las drogas. Su administración pivotó hacia estrategias de sustitución voluntaria de cultivos y persecución de las grandes redes de narcotráfico, considerando que atacar a los campesinos cultivadores no resuelve el problema de fondo. Esta diferencia de visión marca un antes y después en la política antidrogas colombiana.

La llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto promete un giro en la estrategia. De la Espriella ha manifestado su intención de retomar la fumigación aérea sobre los cultivos de coca, una herramienta que quedó descartada durante los últimos años. Este cambio de dirección plantea nuevos interrogantes sobre cómo evolucionará la batalla contra los cultivos ilícitos en los próximos meses.