Un panel de expertos de las Naciones Unidas solicitó que se realicen investigaciones independientes contra Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, por su posible participación en adopciones ilegales de menores indígenas. Según la ONU, al menos 80 niños indígenas fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro ya cerrado del cual Porras fue directora durante siete meses en 1982. El organismo internacional expresó su preocupación porque "no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas".

La ONU detalló que este tipo de adopciones ilegales pueden materializarse mediante "actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios". Este pronunciamiento llega cuando Porras se encuentra terminando su gestión. Asumió el cargo en mayo de 2018 y fue reelecta en 2022 para un segundo mandato de cuatro años al frente del Ministerio Público (la fiscalía).

La trayectoria de Porras ha estado marcada por la controversia. Estados Unidos la incluyó en 2022 en su lista de actores corruptos por obstruir investigaciones contra la corrupción en Guatemala y, según declaró, para proteger a sus aliados políticos. Durante 2023, las calles y redes sociales de Guatemala estallaron en protestas pidiendo su renuncia, acusándola de bloquear investigaciones judiciales y criminalizar a jueces y fiscales. El presidente actual, Bernardo Arévalo, quien ganó las elecciones de agosto de 2023, ha pedido la renuncia de Porras desde su llegada a la presidencia, aunque sin éxito hasta ahora.

También recientemente, Porras fue excluida de un proceso de selección para ocupar un cargo como magistrada en la Corte de Constitucionalidad por falta de apoyos. Su tiempo como fiscal estuvo caracterizado por acciones que, según críticos, debilitaron la lucha anticorrupción. Juan Francisco Sandoval, quien dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad, le dijo a BBC Mundo en junio: "Su dedicación completa fue obstruir las investigaciones que ya habíamos adelantado. Y sobre las denuncias que recibíamos que podían involucrar al presidente (Giammattei) y su círculo cercano, decidía que las deriváramos a otras fiscalías con el ánimo de que las investigaciones no avanzaran". Sandoval vive actualmente en Estados Unidos tras ser destituido por Porras en 2021.

Desde organismos internacionales también llegaron críticas contundentes. El entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que "las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse". El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó profunda preocupación por medidas que parecen "para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala" y el estado de derecho en general.

Pese a toda esta ola de cuestionamientos, Porras ha mantenido una defensa firme de su labor. Al terminar su primer mandato aseguró que la lucha contra la corrupción fue una prioridad y que la Fiscalía se volvió más independiente bajo su gestión. "Puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución eminentemente técnica y jurídica sin ningún tipo de sesgo o ideología política", afirmó entonces. Ahora, mientras termina su segundo mandato, enfrenta estas nuevas acusaciones.