Una nueva condena internacional recae sobre Colombia por la muerte de uno de sus propios ciudadanos. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su rechazo al secuestro y posterior asesinato de Reinaldo José Campos, líder indígena del pueblo makaguán que gobernaba un resguardo en el municipio de Tame, departamento de Arauca. El crimen ocurrió el pasado lunes cuando Campos fue privado arbitrariamente de su libertad durante la mañana para ser asesinado poco después en esa región de frontera con Venezuela.

Campos no era un líder cualquiera. Desempeñaba roles importantes en su comunidad: era fiscal encargado y presidente de la Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, Asocata. Además, participaba como delegado en el Mecanismo Especial de Consulta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial del Gobierno. Su muerte genera un vacío en el proceso organizativo que lideraba y afecta gravemente los derechos colectivos de su pueblo.

Lo preocupante es que este no es un hecho aislado. La población indígena colombiana viene sufriendo todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales, especialmente ataques contra su vida. Con este caso ya suman 37 los líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026, una cifra que duele y que evidencia la magnitud de la violencia que atraviesa el país. Mientras tanto, miles de familias quedan sumidas en el dolor por pérdidas que pudo haber evitado un Estado que debería cumplir su función primordial de proteger a todos los ciudadanos.

El caso es aún más grave si se considera que el pueblo indígena makaguán cuenta desde 2010 con medidas especiales de protección ordenadas por la Corte Constitucional, precisamente por estar en riesgo de extinción física y cultural. Esa sentencia hace urgente la adopción de acciones efectivas para salvaguardar a esta comunidad, algo que claramente no está sucediendo.

Según información preliminar, Campos había recibido amenazas de parte del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las Farc comandada por alias Iván Mordisco. Expertos en derechos humanos llaman insistentemente a las autoridades colombianas a investigar de manera pronta y exhaustiva hechos como este, para garantizar justicia y reforzar las medidas de protección para líderes y comunidades indígenas no solo en Arauca, sino en todo el territorio nacional. Porque esta violencia, como sucede con cualquier crimen impune, termina afectando el tejido social de toda la nación.