En los pueblos y ciudades de la Sierra Nevada, grupos armados al margen de la ley están reemplazando a las autoridades civiles. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia acaba de denunciar una práctica que genera indignación en la región: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como 'Los Pachencas', han montado tribunales ilegales donde castigan a quienes cometen hurtos o trafican drogas.

La modalidad es brutal. Según las evidencias que recopiló Naciones Unidas, los sospechosos son obligados a caminar semidesnudos o completamente desnudos por las principales calles de municipios como Santa Marta. Mientras lo hacen, miembros del grupo los hostigan verbalmente, graban videos de la humillación y los publican en redes sociales. Es una forma de escarmiento público que busca atemorizar a la población y hacer que todos sepan quiénes son los que "rompen las reglas" en territorios donde las Acsn ejercen control.

El caso más reciente que encendió las alarmas ocurrió en Minca, un corregimiento turístico de Santa Marta. Después de que un creador de contenido reportara el robo de un casco de motocicleta, supuestos grupos de vigilancia local adscritos a las Acsn capturaron al sospechoso, lo expusieron públicamente y viralizaron su castigo como advertencia. Lo preocupante es que esto se está normalizando en comunidades donde la presencia del Estado es casi inexistente.

La ONU fue clara en su advertencia: "La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recuerda que los grupos armados no estatales no pueden ejercer funciones de control social ni imponer castigos a la población civil. El Estado debe adoptar medidas efectivas para proteger a la población y garantizar que las instituciones civiles ejerzan plenamente sus funciones". Estos actos de humillación pública violan los estándares internacionales del Derecho Internacional Humanitario, sin importar qué delito haya cometido la persona retenida. La investigación penal y los castigos judiciales corresponden solo a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Naciones Unidas también señaló que la debilidad de las instituciones civiles en estos corregimientos es lo que permite que criminales creen sus propios sistemas de ley. Por eso instó a las autoridades del Caribe a reforzar inmediatamente las medidas de seguridad en comunidades indígenas y campesinas. Y dirigió un llamado directo a la ciudadanía: no normalizar estas prácticas de control ilegal, sino denunciarlas para que la justicia estatal identifique y judicialice a los responsables.