La alarma saltó en Naciones Unidas. La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia lanzó un comunicado urgente por la seguridad de Lina Tabares, una defensora de derechos humanos que trabaja en el Valle del Cauca. No es una amenaza cualquiera: la Corte Constitucional ya la había identificado como persona en riesgo mediante la sentencia SU-546/23, pero ahora el peligro parece agravarse.

Tabares no es cualquier activista. Lleva más de dos décadas dedicada a acompañar y proteger a otros defensores de derechos humanos. Su trabajo se enfoca en los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras y en la defensa de la niñez atrapada en medio del conflicto armado. Es, precisamente, por esa labor que ha terminado en la mira de quienes ven sus acciones como una amenaza.

En el comunicado, la ONU fue directo al punto: "Nos preocupa la integridad de la defensora y de su familia. Llamamos con urgencia a reforzar su esquema de protección y a avanzar con celeridad en la investigación y sanción de estas amenazas". El organismo internacional dirigió su llamado al Ministerio del Interior, a la Gobernación del Valle y a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, exigiendo acciones concretas y rápidas.

Este caso no llega solo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, ya son 21 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2026. El más reciente fue José Néstor Maya, un reconocido líder campesino del municipio de Suárez en el Cauca, encontrado con signos de tortura en la vereda La Estrella. La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas advirtiendo que grupos armados como los disidentes "Jaime Martínez" imponen normas ilegales y controlan territorios a través de la violencia, creando un ambiente de miedo permanente para quienes se atreven a defender los derechos.

La situación en regiones como el Cauca es crítica. Los grupos armados disputan el control de economías ilegales como la minería y el narcotráfico, y cualquiera que se oponga o hable de derechos humanos se convierte en blanco. La amenaza es estructural, no es solo contra individuos sino contra todo un movimiento de defensa de derechos.

Incluso los personeros municipales, funcionarios encargados de proteger derechos en sus localidades, están bajo fuego. De 1.104 personeros en el país, 110 están siendo amenazados. El sistema está bajo presión, y defensores como Lina Tabares siguen en primera línea, sabiendo el riesgo que corren.