Las alarmas de seguridad volvieron a sonar en las Naciones Unidas. Un nuevo informe de la Misión de Verificación de la ONU, que analizó los últimos meses, pintó un cuadro preocupante: Colombia enfrenta un "momento decisivo" por el deterioro del orden público en distintas regiones, algo que podría poner en jaque las próximas elecciones presidenciales.

António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, no guardó sus preocupaciones. Expresó su inquietud por los actos de violencia que se han registrado durante las campañas electorales recientes y por la presión constante que ejercen los grupos armados ilegales sobre las comunidades.

Aunque las elecciones de marzo transcurrieron con relativa tranquilidad, la ONU no pierde de vista un problema de fondo: la fuerte presencia de grupos armados en territorios rurales y en las circunscripciones de paz sigue siendo un obstáculo muy serio para que la gente pueda ejercer su derecho al voto sin miedo. El Secretario General hizo un llamado urgente a las autoridades para que protejan a candidatos y votantes, pidiendo además que se mantenga un ambiente de campaña libre de estigmatización. Esto ocurre a pesar de esfuerzos institucionales como el pacto de no violencia promovido por la Defensoría del Pueblo.

El informe también documentó un cambio político importante: el partido Comunes perdió su personería jurídica porque no alcanzó el umbral de votos necesario en sus primeros comicios sin las curules garantizadas por el Acuerdo de Paz. Los líderes del partido señalaron que la inseguridad y las amenazas en los territorios fueron determinantes en este resultado. Esta situación se refleja también en la crisis humanitaria del Catatumbo, donde excombatientes y sus familias han tenido que abandonar sus hogares por la violencia.

Sobre la política de "Paz Total" del Gobierno, la evaluación de la ONU fue mixta. Mientras algunos diálogos han avanzado, otros como el proceso con el ELN están estancados, sin que haya perspectivas claras de movimiento.

Un aspecto que preocupa especialmente es cómo la inseguridad está frenando la reforma rural. Asesinatos de líderes campesinos en tierras recién adjudicadas han llevado al abandono de predios, evidenciando una necesidad urgente: que el Congreso agilice la Ley de Jurisdicción Agraria para dar garantías legales y de vida a quienes trabajan el campo. El informe será presentado el 21 de abril ante el Consejo de Seguridad.