El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó un informe devastador sobre la masacre que se desató el 27 de mayo en la zona rural de San José del Guaviare, producto del enfrentamiento entre disidencias lideradas por Iván Mordisco y Calarcá. Los equipos forenses han trabajado sin descanso en la identificación de las víctimas, y el balance es tan doloroso como revelador sobre la magnitud de la tragedia que azotó a esta región del país.

De acuerdo con el reporte oficial, los peritos han completado exitosamente la identificación de 43 de los 48 cuerpos encontrados. El trabajo de laboratorio permitió establecer que 39 de los identificados son hombres y 9 son mujeres. Pero hay un dato que golpea el corazón de cualquiera: once de esas víctimas fatales eran menores de edad, específicamente ocho niños y adolescentes de sexo masculino y tres de sexo femenino.

El reclutamiento forzado de menores en estos enfrentamientos no es un asunto menor. Se trata de un crimen de guerra y un delito penal grave con implicaciones internacionales que destroza la dignidad, la libertad y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Cada uno de esos once menores representa una vida truncada y una familia destrozada por la violencia del conflicto.

Los especialistas de Medicina Legal continúan en labores ininterrumpidas para identificar los cinco cuerpos restantes. Las autoridades forenses mantienen activos sus protocolos científicos con el propósito de lograr pronto los resultados definitivos, permitiendo así que las familias afectadas puedan recibir los restos de sus seres queridos y comenzar el doloroso proceso de despedida en medio de esta tragedia que enluta a Guaviare.