La seguridad de los alcaldes en las principales ciudades del país está en jaque. Un informe elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales entre enero de 2024 y abril de 2026 documentó que al menos 11 mandatarios de ciudades capitales cargan con amenazas contra sus vidas, alertas de posibles atentados e intimidaciones que van más allá del ámbito personal. El documento también identifica ocho casos adicionales que tocan a funcionarios y equipos institucionales de estos territorios.

No se trata de hechos dispersos o coincidencias. Según Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, "no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios". Las amenazas directas golpean a los alcaldes de Cúcuta, Cartagena y Florencia, mientras que contra los mandatarios de Medellín, Barranquilla y Cali se han detectado presuntos aviones de atentado. El problema se expande a otras capitales como Bogotá, donde existen alertas de riesgo. Lo preocupante es que no está localizado en una sola región: aparece en ciudades del Caribe, la zona Andina, el Pacífico, la Amazonía y áreas de frontera.

El patrón detrás de estas amenazas revela un propósito claro: presionar a los alcaldes para que claudiquen en sus decisiones. El informe documenta que la intimidación suele dispararse cuando las administraciones municipales realizan operativos contra estructuras criminales, recuperan el espacio público, regulan la movilidad o combaten economías ilegales como la extorsión y el microtráfico. Además, hay un detalle escalofriante: las amenazas se extienden a las familias de estos alcaldes, generando presión directa sobre los funcionarios que trabajan en territorio.

Lo que está en juego va más allá de la vida de una persona. Amenazar a un alcalde es atacar directamente el mandato democrático, busca condicionar las decisiones que el pueblo expresó en las urnas. Para Santamaría, "cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona; se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia".

Las ciudades capitales plantean soluciones concretas que demandan acción inmediata del Gobierno nacional. Piden fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar investigaciones prioritarias que no queden en la impunidad. Asocapitales propone específicamente reforzar la Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, además de implementar un sistema centralizado para monitorear riesgos contra autoridades territoriales.

Santamaría cerró el mensaje con claridad sobre lo que está ocurriendo: "los casos recientes en ciudades como Barranquilla, Cali y Florencia muestran que la intimidación sigue dirigida tanto a alcaldes como a funcionarios de alto nivel y equipos operativos. El mensaje es claro: la seguridad de quienes gobiernan las ciudades no es un asunto individual, sino un elemento central para garantizar la democracia y la capacidad del Estado de actuar en el territorio".