En un giro inesperado del escándalo de corrupción que sacudió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el gobierno Petro, Olmedo López decidió confesar. El exdirector de la entidad se declaró culpable el miércoles 20 de mayo de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, una estrategia que busca evitarse un juicio oral y obtener una reducción en su condena.

El camino de López hasta este punto no ha sido directo. Hace poco había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que se comprometía a devolver 724 millones de pesos. Pero dos juzgados distintos rechazaron el trato, considerando que esa cifra no reflejaba la totalidad del dinero que el exdirector ayudó a desaparecer de las arcas del Estado. Ante este rechazo, la Fiscalía decidió abandonar las negociaciones y presentar una acusación formal. Fue entonces cuando la defensa de López optó por el allanamiento a cargos, aceptando culpabilidad de manera voluntaria ante la jueza encargada.

López se cuenta entre los rostros más visibles de la red de corrupción que operó durante 2023 en la UNGRD. El esquema funcionaba desviando recursos públicos mediante contratos direccionados y coimas, aparentemente con el propósito de financiar las reformas sociales que el gobierno Petro buscaba aprobar en el Congreso. En sus declaraciones ante la justicia, López señaló a Carlos Ramón González y a César Manrique como otros funcionarios ejecutivos involucrados. Uno de los casos más conocidos fue la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, un proyecto que sufrió sobrecostos importantes.

Durante la audiencia, López defendió que su decisión era genuina. "Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país. Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio", aseguró ante la jueza.

Aunque mantiene un acuerdo parcial de colaboración con la Fiscalía que lo protege de prisión por otros delitos, expertos advierten que esta ruta de sentencia anticipada podría resultarle más costosa que la que tenía originalmente. Un cambio importante es que al aceptar los cargos, López ya no queda obligado a reintegrar aquellos 724 millones de pesos.

El próximo martes 26 de mayo, la jueza decidirá si acepta la confesión de López para proceder inmediatamente a fijar la pena. Mientras tanto, López permanece privado de la libertad.