El caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en un parque de Bogotá, se ha convertido en uno de los procesos más complejos que ha enfrentado la Fiscalía colombiana. Y no es para menos: detrás del crimen estaría la Segunda Marquetalia, la disidencia liderada por Iván Márquez, lo que ha generado una investigación de altísimo perfil que ha traído consigo obstáculos enormes, incluidas amenazas directas contra quienes la llevan.

La fiscal general Luz Adriana Camargo alertó recientemente sobre intimidaciones que describió como "preocupantes" contra los integrantes del equipo investigador. Estos reportes vinieron de los propios fiscales del caso, lo que obligó a la institución a implementar medidas urgentes de seguridad. El equipo, bajo la dirección de la fiscal Elsa Reyes, ha logrado avances significativos que apuntan a la estructura criminal responsable del atentado. Justamente esos avances parecen haber generado la reacción criminal.

Lo que ha encendido todas las alarmas es un dato que Revista Semana conoció: supuestamente la Segunda Marquetalia ofreció hasta 600 millones de pesos para atentar contra los investigadores y fiscales de la seccional Bogotá que trabajan en la judicialización de los responsables. La información salió a la luz tras interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación. Ante la gravedad del hallazgo, la Fiscalía abrió una línea investigativa adicional para identificar exactamente quiénes están detrás del ofrecimiento y cómo estaría estructurado el eventual ataque. A la par, la entidad ya desplegó medidas especiales de protección para los funcionarios en riesgo.

Víctor Mosquera, abogado defensor de la familia Uribe, rechazó categóricamente cualquier intento de silenciar a los investigadores. "Nos preocupa que los criminales pretendan acallar y obstruir las investigaciones. Se debe dar pleno respaldo a los fiscales e investigadores para que puedan cumplir su labor con la seguridad de que sus vidas e integridad serán salvaguardadas", manifestó Mosquera.

De momento, la justicia ha avanzado considerablemente en el caso. Nueve personas han sido judicializadas y están privadas de la libertad por delitos como homicidio, concierto para delinquir, uso de menores en actividades criminales y porte ilegal de armas. Tres ya tienen sentencias condenatorias a través de preacuerdos: alias El Viejo, considerado enlace entre quienes ordenaron el crimen y quienes lo ejecutaron, fue condenado a más de 22 años; Carlos Mora González, quien brindó vigilancia y apoyo logístico, a 21 años; y Katherine Andrea Martínez, que participó en la planeación y consiguió el arma, también a más de 21 años. Adicionalmente, un adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado en el sistema de justicia para menores de edad.