La tensión entre el superintendente de Salud y los gestores farmacéuticos alcanzó un nuevo nivel de confrontación. Daniel Quintero hizo público este fin de semana que había transferido dinero de su bolsillo a la madre de una menor para conseguir medicamentos urgentes después de un trasplante. En redes sociales, Quintero sostuvo que "Ofimédicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina" y explicó: "Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)".

Pero Offimédicas no se quedó callada. A través de un comunicado, la empresa rechazó categóricamente las acusaciones y defendió su gestión. "Lamentamos que el señor Superintendente utilice la situación de salud de los pacientes para generar desinformación en plataformas digitales y a su vez afectar el buen nombre de prestadores de servicios de salud, sin contar con la suficiente documentación y soportes del caso en concreto", dijeron desde la compañía. Además aseguraron que "no ha existido voluntad de negación en la atención de servicios de salud por parte de OFFIMEDICAS a ninguno de los pacientes inscritos a la NUEVA EPS" y que el tratamiento se ha entregado sin interrupciones desde 2024.

Sin embargo, la empresa aprovechó para prender las alarmas sobre un problema que considera más grave: la crisis financiera del sistema. Offimédicas denunció que le adeudan aproximadamente 130 mil 900 millones de pesos, de los cuales Nueva EPS debe alrededor de 54 mil 800 millones. Según el comunicado, la empresa ha tenido que "con recursos propios y mediante el acceso a financiamiento en el sistema financiero, asumir la carga de apalancar y sostener la operación ante el incumplimiento en el flujo oportuno de recursos".

La entidad señaló que estas deudas millonarias ponen en riesgo la continuidad de los servicios y reducen su capacidad para responder a la demanda de medicamentos. La batalla por quién es responsable de los retrasos en la entrega de medicinas continúa, pero lo cierto es que los pacientes como Sara quedan atrapados en medio de una crisis estructural que ni los giros de dinero directo ni los comunicados de defensa parecen resolver. Mientras el sistema sigue tambaleándose, los colombianos siguen buscando explicaciones sobre quién finalmente garantiza el derecho a la salud.