Después de año y medio de investigación, autoridades desmantelaron una operación sistemática de fraude en servicios públicos que afectaba directamente a EPM. La Sijín de la Fiscalía y la Policía Metropolitana ocuparon 42 inmuebles de Medellín con fines de extinción al derecho de dominio, es decir, buscando que pierdan la propiedad quienes cometieron estos delitos. Entre los bienes incautados hay 28 residencias y 14 hoteles que operaban con conexiones ilegales a la red de servicios.

Lo que encontraron los investigadores fue bastante grave: manipulación ilegal de contadores y conexiones clandestinas que permitían a los propietarios evadir el pago de agua y luz. Según las inspecciones técnicas realizadas, esta práctica llevaba funcionando sin interrupción desde hace al menos 13 años. Pero lo más preocupante es que no se trata de casos aislados. Parece haber existido un patrón delictivo bien coordinado entre los dueños de estos hoteles e inmuebles, quienes incluso tenían vínculos familiares entre sí.

Geográficamente, la mayor concentración de fraudes se detectó en La Candelaria, donde fueron ocupadas 24 propiedades. Laureles-Estadio sumó 13 inmuebles afectados, mientras que Belén y Buenos Aires tuvieron 3 y 2 respectivamente. El territorio no parece ser casualidad en la investigación que llevaron a cabo las autoridades.

El impacto económico de toda esta operación fraudulenta es monumental. Entre 2020 y 2025, la defraudación de servicios ocasionó pérdidas de 1.2 billones de pesos a EPM, lo que se traduce en un promedio anual de 207 mil millones de pesos. Esa cifra no es solo un número: representa recursos que la empresa no pudo invertir en mejorar la infraestructura de servicios en la ciudad ni en garantizar la cobertura a quienes sí pagan sus facturas mes a mes.