La tranquilidad del Centro Histórico de Santa Marta se vio alterada por una intervención que prendió las alarmas entre quienes velan por la preservación del patrimonio local. En un inmueble considerado de valor cultural, se realizaron modificaciones en sus estructuras externas que dejaron inquietos a ciudadanos y expertos en la materia.

Lo que ocurrió fue que durante labores de apoyo a procesos de reinserción social de personas en situación de vulnerabilidad, se retiraron elementos metálicos que formaban parte del cerramiento perimetral del edificio. Esta edificación histórica, ubicada en una zona de especial protección, lleva décadas siendo parte de la memoria colectiva de Santa Marta, pues funcionó como centro asistencial y religioso antes de ser reconocida oficialmente como bien de interés cultural a nivel nacional.

Aquí viene el punto que genera molestia: cuando una construcción tiene ese reconocimiento patrimonial, cualquier obra o modificación debe seguir procedimientos muy específicos. No es cosa de llegar y hacer cambios sin más. Los protocolos existen precisamente para evitar que el afán de resolver un problema inmediato termine dañando la memoria histórica.

Habitantes del sector y defensores del patrimonio no están pidiendo que se detengan las iniciativas de resocialización, pero sí reclaman transparencia. Quieren saber qué autorizaciones se tramitaron, si se verificó que los procedimientos cumplieran con lo exigido para intervenir estructuras protegidas. La pregunta de fondo es legítima: ¿se consultó con las autoridades competentes antes de meter la mano?