La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, conocida como Andesco, levantó la voz de alarma sobre el nuevo sistema de tarifas para acueducto y alcantarillado que comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2026. El cambio afectará a 188 grandes prestadores que atienden a más de 34 millones de habitantes en todo el país. Según el gremio, aunque el objetivo anunciado es modernizar la regulación y reducir tarifas, en realidad podría generar presiones al alza en lo que paga el usuario promedio por el agua.

El primer problema identificado por Andesco tiene que ver con cómo se construyó esta nueva regulación. El gremio denuncia que entre la versión que fue sometida a participación ciudadana y la que finalmente aprobó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (la entidad encargada de establecer estas reglas), hubo cambios estructurales importantes. Para Andesco, esto es grave porque significa que los ciudadanos, otros operadores y expertos nunca tuvieron oportunidad de opinar sobre lo que realmente se implementará. "En una decisión de esta magnitud, la participación no puede ser solo formal: debe recaer sobre la versión que realmente será adoptada", señaló la organización.

Pero hay otro problema aún más urgente: el tiempo. Las empresas de agua tienen apenas poco más de tres meses a partir de ahora para prepararse para un cambio regulatorio que tradicionalmente ha requerido entre seis y once meses solo para la implementación. Andesco argumenta que esto es insuficiente para realizar estudios tarifarios, ajustar sistemas de información, validar los nuevos parámetros y coordinar con autoridades locales. El gremio advierte que esta prisa podría generar fallas operativas, retrasos en la aplicación de las nuevas reglas e incluso inconsistencias en la prestación del servicio.

Sobre el tema de los costos y las tarifas, la situación es contradictoria. El nuevo marco promete reducir lo que pagan los usuarios, pero Andesco sostiene que las nuevas obligaciones implicarán inversiones significativas. Las empresas tendrán que cumplir exigencias ambientales más estrictas, implementar programas para reducir pérdidas de agua en las tuberías y cumplir estándares que el gremio considera basados en cálculos erróneos. Todo esto demandará recursos adicionales que, inevitablemente, presionarán los costos del servicio hacia arriba. En otras palabras: aunque las regulaciones digan que baja la tarifa, las obligaciones podrían hacer que suban.

El gremio también advierte que estas medidas podrían afectar la viabilidad financiera de las empresas prestadoras, especialmente en regiones donde la situación técnica y económica es más frágil. Esto significa que en algunos territorios podría haber dificultades para mantener la calidad y continuidad del servicio. Por eso, Andesco ya presentó sus inquietudes ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que evalúen las implicaciones de esta medida.