Las universidades privadas colombianas están en alerta máxima. Un nuevo impuesto que comenzaría a aplicarse el 1 de abril podría trastocar el delicado equilibrio financiero de instituciones que, aunque son privadas, tienen estructuras muy diferentes a una empresa comercial tradicional. La medida ha encendido las alarmas porque 1,2 millones de estudiantes dependen de estas universidades para acceder a educación superior.

Desde la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el debate se centra en un punto que consideran fundamental: confundir ingresos con ganancias. Cuando una universidad recibe dinero de matrícula, ese dinero no va a bolsillos privados ni se reparte como dividendos. "Las instituciones de educación superior privadas son entidades sin ánimo de lucro que no distribuyen utilidades ni reparten dividendos", explicó el Padre Harold Castilla Devoz, vicepresidente de Ascun. Los excedentes financieros que genera una universidad se reinvierten en infraestructura, investigación, becas para estudiantes pobres, tecnología y expansión territorial. Es decir, vuelven al sistema educativo.

Lo que preocupa al sector es que no se trata de universidades de élite. Instituciones como Uniminuto, por ejemplo, atiende más de 90.000 estudiantes principalmente de ingresos bajos y medios, con presencia en 52 municipios del país. Estas universidades privadas han permitido ampliar la cobertura en regiones donde el Estado aún no tiene oferta educativa suficiente. En un país donde la educación pública enfrenta limitaciones de capacidad, las universidades privadas complementan el sistema. Castilla Devoz advierte que "la paradoja es evidente: en nombre de la equidad se podría terminar reduciendo acceso, limitando inversión en calidad o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades".

El nuevo gravamen introduce presiones financieras sobre un sistema que ya opera con márgenes muy ajustados. Cualquier presión tributaria adicional podría afectar la capacidad de inversión de estas instituciones, lo que eventualmente podría traducirse en menos becas, menos investigación o, en el peor de los casos, aumentos en las matrículas para estudiantes que ya están en territorios vulnerables.

Ascun ha planteado la urgencia de abrir un diálogo con el Gobierno antes del 1 de abril para revisar los efectos reales de la medida y buscar alternativas que preserven la sostenibilidad financiera de las instituciones. Según los directivos del sector, la discusión debe entender que la educación superior, sea pública o privada, es fundamentalmente un instrumento de movilidad social, no un negocio tradicional que deba tributar como tal.