Una nueva ola de desplazamiento forzado sacudió el Catatumbo. Cerca de 784 personas, agrupadas en 293 familias, abandonaron sus hogares en el municipio de El Tarra a mediados de junio, según reportó la Defensoría del Pueblo. Las veredas Brisas del Catatumbo, El Salado, La Torcoroma, El Mirador, Cañahuate, Llano Alto y otras zonas rurales quedaron prácticamente vacías cuando los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc se intensificaron en los últimos días.

Lo que comenzó como un conflicto de baja intensidad desde enero de 2025 escaló dramáticamente con ataques que golpearon tanto a combatientes como a civiles desarmados. Entre los hechos reportados está un atentado con explosivos lanzados desde un dron que dejó muertes y heridos. Los combates se expandieron hacia municipios vecinos como Teorama, donde un soldado murió y otros dos resultaron heridos en similares circunstancias. La escalada de violencia no ha respetado a nadie.

Pero lo más preocupante es que la cifra reportada podría quedarse corta. La Defensoría del Pueblo señaló que "las dificultades de acceso y comunicación en el territorio aún limitan la verificación completa de la situación humanitaria". En otras palabras, hay zonas donde aún no se sabe con exactitud cuánta gente tuvo que huir. Este es solo el último episodio de una crisis humanitaria que no cesa: durante lo corrido de 2026 se han presentado 13 eventos de desplazamiento masivo que han dejado 2.447 personas desplazadas en el Catatumbo, principalmente en Tibú y El Tarra.

Lo que pasó el año pasado da escala de lo grave que es la situación. En 2025 hubo un desplazamiento masivo de cerca de 64.000 personas, el más grande desde que Colombia comenzó a medir este fenómeno en 1997. Y fue por la misma razón: la lucha entre el ELN y el frente 33 de las Farc por controlar una región rica en cultivos ilícitos y estratégica por sus corredores fronterizos.

Mientras tanto, estos enfrentamientos amenazan con descarrilar uno de los apuestas del gobierno nacional: la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, donde se suponía que los combatientes del frente 33 se concentrarían antes del desarme, como parte de las negociaciones de la política de "paz total". El cronograma estaba fijado para este año, pero la violencia desenfrenada está retrasando su implementación. La paz prometida sigue siendo un espejismo en el Catatumbo.