A menos de dos días de que los colombianos vayan a las urnas, la Registraduría en Antioquia ha confirmado cambios en nueve puestos de votación distribuidos en diferentes municipios del departamento. Estos movimientos responden exclusivamente a problemas de infraestructura que impedían el funcionamiento adecuado de los lugares inicialmente designados para recibir votantes, según aclaró la entidad electoral. Los traslados se realizaron hacia sedes cercanas que cumplen con las condiciones logísticas necesarias para garantizar que la jornada democrática transcurra sin inconvenientes.

Diego Sepúlveda, delegado de la Registraduría en Antioquia, explicó que se trata de ajustes menores sin cambios de zona. "Son 9 municipios donde se movieron, no se trasladaron, sino que se movieron por situaciones de infraestructura. Seguramente muchos de esos, para las próximas elecciones del 27, si ya se han terminado las adecuaciones que se están haciendo, posiblemente vuelven al mismo sitio donde está", precisó el funcionario. Entre los cambios están desde Medellín, donde el puesto se trasladó de la Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer al Centro Educativo Pachamama, hasta El Bagre, donde el puesto ubicado en la cárcel municipal fue movido al Centro de Formación Minero Ambiental debido a que no hay población privada de la libertad habilitada para votar en esa ocasión.

La Registraduría resaltó que estos cambios no tienen relación alguna con situaciones de orden público o amenazas contra el proceso electoral. Actualmente, el departamento de Antioquia cuenta con más de 5,4 millones de ciudadanos habilitados para participar, distribuidos en 15.801 mesas y 1.280 puestos de votación. Las autoridades trabajan a contrarreloj en la distribución del material electoral y el despliegue del personal en los 125 municipios.

Sin embargo, las autoridades reconocen que persisten alertas de seguridad en algunas regiones donde operan grupos armados ilegales. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, advirtió sobre municipios como Briceño y Anorí, donde se han registrado amenazas e intimidación contra la población civil. "Anorí y su zona rural (…) Porque también estos días ha tenido amenazas, han hecho desplazar a algunas personas, ha estado un poco activo, parecido a Briceño, ha habido una actividad, digamos, criminal de los narcotraficantes, sencillamente amenazando a la población civil, pero la garantía es, gracias a Dios, la presencia de la Fuerza Pública", manifestó.

A pesar de estos desafíos, las autoridades aseguran que tienen todo bajo control. Más de 12.100 uniformados del Ejército, la Policía, la Armada y apoyo aéreo estarán desplegados en el departamento, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos. Desde este sábado entrará en vigencia la ley seca hasta la madrugada del lunes.

La Registraduría hizo un llamado final a los ciudadanos: revisar con anticipación dónde les corresponde votar y acudir temprano a las urnas para evitar contratiempos en el desarrollo de la jornada electoral.