Mientras Colombia se prepara para regresar a las urnas en la segunda vuelta presidencial, la Procuraduría y otros organismos de control le han puesto el ojo a varios funcionarios del Gobierno. La razón es clara: presunta participación indebida en política. Ya van nueve los servidores públicos que están siendo investigados o que han sido suspendidos por respaldar públicamente candidaturas o por intervenir en asuntos electorales cuando no debían hacerlo.

Los casos más recientes son los del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo. Ambos fueron suspendidos provisionalmente por la Procuraduría mientras avanzan las investigaciones en su contra. Pero no son los únicos en la lista.

También están señalados la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. A esto se suman las indagaciones contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, por presuntas actuaciones relacionadas con el proceso electoral. Fuera del círculo de ministros y diplomáticos, algunas autoridades locales también han enfrentado medidas disciplinarias por manifestar apoyo abierto a campañas políticas.

El mismo presidente Gustavo Petro no se escapa de esto. Enfrenta procesos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por sus pronunciamientos públicos durante la campaña, aunque técnicamente solo ese organismo tiene competencia para investigarlo debido a su investidura presidencial.

Toda esta ola de investigaciones refleja una conversación más amplia que está tomando fuerza en el país: cuáles son realmente los límites que deben respetar los servidores públicos durante los procesos electorales. Es un debate necesario, pero que llega justo cuando los colombianos están a días de volver a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de la República.