La corrupción en La Guajira tiene nombre y apellidos. Una juez de Bogotá acaba de ordenar prisión intramural para los nueve integrantes de Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe, después de que la Fiscalía los señalara de protagonizar uno de los mayores desfalcos contra las regalías que el país ha visto en años recientes. La defensa ya apeló la decisión y habrá una nueva audiencia el miércoles 8 de julio a las 7:30 a.m. para resolver el recurso.

El esquema fue brutal en su simplicidad. Entre 2020 y 2026, la red criminal suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por más de 496 mil millones de pesos. Todo el dinero provenía de las regalías que Colombia destina a proyectos civiles, agrícolas, ambientales y de seguridad alimentaria en nueve departamentos: La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Santander, Arauca, Caldas y Casanare. Lo que la Fiscalía llamó un "contratadero" fue simple: adjudicaban procesos sin licitación pública usando un manual de contratación ilegal que crearon especialmente para direccionar los recursos a quiénes ellos querían.

En La Guajira, la investigación documentó el patrón de corrupción con tres contratos millonarios que lo dicen todo. En Dibulla, el alcalde Alberto Montero Molina firmó un contrato por más de 320 millones para pavimentar una vía sin pasar por licitación pública. Aremca quedó a cargo de supervisar las obras que ella misma ejecutaría. Pero los habitantes siguen esperando: las obras no se materializaron y el casco urbano sigue lleno de vías sin pavimentar. El Departamento Nacional de Planeación ya registró que Dibulla cayó al último lugar entre los municipios de La Guajira en desempeño institucional durante el primer trimestre de 2025.

En Riohacha, durante la administración del alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, Aremca firmó otro contrato millonario para sembrar palmeras en la playa. La Contraloría reporta que Aremca, representada legalmente por Gustavo Bolaño Pastrana, considerado el cerebro de la operación, trabajó para el municipio durante solo cinco meses. En Uribia, el Sistema Electrónico de Contratación Pública registra un contrato sellado el 2 de julio de 2024 por 21 millones de pesos.

Los números de lo robado son asombrosos. Aremca dejó de retener 14 mil millones de pesos en contribución especial de obra pública, que es un tributo del 5% de los contratos que financia seguridad ciudadana. En apenas 23 contratos analizados a profundidad, se encontró un enriquecimiento ilícito que superó los 14 mil millones de pesos.

Mientras tanto, en La Guajira las comunidades wayuu siguen esperando agua potable, carreteras dignamente pavimentadas y escuelas. Los recursos destinados para mejorar sus condiciones de vida se esfumaron en contratos hechos a dedo, firmados sin transparencia, ejecutados sin supervisión real. La Guajira paga nuevamente el precio de la corrupción. Son recursos que debieron transformar el departamento más pobre del país y que, en cambio, engordaron los bolsillos de una red criminal que operaba desde adentro de las instituciones públicas.