Una operación sistemática de corrupción que desvaneció casi medio billón de pesos destinado a mejorar la calidad de vida en municipios del Caribe llegó a su primer punto de quiebre. Un juzgado de Bogotá envió a la cárcel a nueve personas sindicadas de orquestar uno de los mayores robos a recursos de regalías que se hayan documentado en el país. El caso gira alrededor de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), una entidad que durante seis años movió dinero que debería haber transformado comunidades.

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2026 Aremca suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de 496 mil millones de pesos. Este dinero estaba destinado a financiar obras civiles, proyectos agrícolas, iniciativas ambientales, emprendimientos tecnológicos y programas de seguridad alimentaria. Pero la realidad fue completamente distinta. En lugar de ejecutar esos proyectos que las comunidades necesitaban, el dinero terminó en manos de empresas que funcionaban solo en papeles y que servían para desviar los recursos hacia bolsillos privados.

Los nueve detenidos incluyen a Gustavo Bolaño Pastrana, quien se desempeñaba como representante legal de Aremca, además de Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, encargadas respectivamente de la representación legal y el manejo de la tesorería. También fueron capturados varios coordinadores y enlaces que, según los investigadores, participaron activamente en la operación.

Lo grave del asunto es que el esquema funcionaba con una precisión calculada. La Fiscalía sostiene que los contratos se redactaban a la medida de los intereses de unos pocos, sin realizar los estudios previos requeridos. Además, había listas cerradas de proveedores que predeterminaban quién se quedaría con cada negocio. Y lo más audaz: aunque Aremca estaba autorizada para operar únicamente en la región Caribe, los investigadores encontraron que ejecutó contratos en departamentos tan lejanos como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.

Los números de la pillería son impactantes. En al menos 23 contratos, los investigadores identificaron ganancias ilegales por más de 14 mil 235 millones de pesos que fueron a parar a los contratistas. A esto se suman irregularidades en el manejo de anticipos, impuestos que nunca se cobraron por casi 7 mil millones de pesos, y recursos cercanos a los 14 mil millones que debieron haber sido retenidos para el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana pero desaparecieron en el camino.

Los nueve capturados enfrentarán cargos por corrupción, contratación irregular, apropiación de recursos públicos y concierto para delinquir. Mientras avanzan las investigaciones, queda la pregunta incómoda sobre cuántos proyectos quedaron sin ejecutarse, cuántos municipios del Caribe no recibieron las obras que merecían, y cuántas personas en esos territorios seguirán esperando un puente, una clínica, una escuela o un sistema de riego que nunca llegó porque el dinero se lo comió la corrupción.