Una organización delictiva que operaba en la costa del Urabá antioqueño acaba de caer en manos de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación, trabajando con la Policía Nacional, inmigración y agencias estadounidenses, desbarató lo que funciona como una máquina de tráfico de migrantes y blanqueo de dinero en gran escala.

El esquema era ingeniero pero brutal: usando redes sociales, los delincuentes ofrecían lo que parecían ser paquetes turísticos para disfrutar del Golfo de Urabá. Pero eso era solo la carnada. En realidad reclutaban ciudadanos extranjeros para sacarlos ilegalmente del país en lanchas desde Necoclí en Antioquia y desde Capurganá, Acandí y Sapzurro en Chocó, con destino a Centroamérica. De esta manera habrían trasladado a más de 800 mil personas provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

El dinero que generaba este negocio criminal era escandaloso. Los investigadores encontraron ingresos superiores a 100 mil millones de pesos que pasaban por el sistema financiero formal. Lo más inquietante es que buena parte de esa plata entró durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban cerradas. Obviamente nadie se preguntaba por qué había dinero fluyendo de un turismo que no existía.

Para ocultar la procedencia del dinero, usaban varias tácticas. Movían los recursos principalmente en efectivo, creaban empresas de transporte marítimo y fluvial que servían como pantalla para dar apariencia de legalidad, compraban bienes y hacían transferencias fragmentadas en pequeños montos —lo que en argot se llama pitufeo— para evitar levantar sospechas.

En los allanamientos realizados en Necoclí, Apartadó y Medellín capturaron a nueve presuntos integrantes de la organización. Estos señalados cumplían roles como accionistas, representantes legales y administradores de cinco empresas legalmente constituidas que usaban para encubrir todo. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 152 carpetas con información sobre operaciones marítimas, registros contables y financieros, documentos sobre embarcaciones, computadores, discos duros y teléfonos celulares. También aseguraron un inmueble en Apartadó y están monitoreando 25 cuentas bancarias vinculadas a la red.

Los capturados enfrentan cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ante el juez de control de garantías, ninguno de ellos aceptó los cargos imputados, así que el proceso apenas comienza.