Los problemas legales del senador David Racero del Pacto Histórico no terminan. Apenas hace una semana compareció ante la Corte Suprema después de ser elegido, pero ahora enfrenta acusaciones más graves por el caso del fruver, ese negocio de compraventa de frutas y verduras en Bogotá que está en el centro de la investigación.

Lo nuevo es que un informante llevó pruebas a la Sala Especial de Instrucción de la Corte, información que fue revelada por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio. Según ese reporte, tanto Racero como John Leonardo García, miembro de su equipo de trabajo legislativo, habrían mentido ante el Consejo de Estado cuando negaron que García trabajaba en el fruver mientras también era asesor del congresista.

El informante dice tener al menos 17 mensajes de WhatsApp que demuestran que García no solo trabajaba en el fruver, sino que además manejaba los carros de Racero, su familia, y hasta un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección. "Lo llevaba, lo traía y lo recogía cuando llegaba de viaje", señala el reporte periodístico citando al informante.

Las acusaciones van más allá. Según la información que llegó a manos de la justicia, miembros del equipo legislativo de Racero hacían pagos de gastos personales y familiares del senador con dinero de sus propios salarios. Entre esos pagos están tarjetas de crédito, cuentas de servicios en la casa de Racero, e incluso transferencias para su padre. "En varias ocasiones, los asesores legislativos hicieron pagos de víveres a un establecimiento comercial que entregó dichos suministros en la vivienda de David Racero", precisa la información.

En audios divulgados aparece el mismo Racero describiendo las condiciones de trabajo en el fruver: un millón de pesos mensuales sin prestaciones, jornadas de siete de la mañana a ocho de la noche, de lunes a sábado. "No tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón... toca decirle que es tiempo completo. Siete de la mañana a ocho de la noche, un día de descanso a la semana", se escucha decir al congresista en la grabación. También hay mensajes de WhatsApp en los que Racero pedía a su asesora Estefanía Montoya que pagara a otra colaboradora, Yidis Gahona, sumas de millones de pesos incluyendo deudas de tarjetas de crédito.

Por ahora, el Consejo de Estado mantuvo la investidura de Racero en primera instancia, pero los abogados que lo demandan pidieron que en la apelación se considere esta nueva evidencia del informante. La Corte Suprema también analiza si el senador podría ser acusado por concusión, que es el delito de obligar a subordinados a hacer transferencias de dinero.