Después de una larga pulseada entre vecinos desesperados y empresa prestadora, Nueva Esperanza logró un respiro. Los habitantes del sector en Montería llegaron a un acuerdo parcial con Afinia para avanzar en la reconexión del servicio de energía, que llevaba días sin llegar a los hogares. Pero el camino no fue fácil: detrás del acuerdo hay una deuda que ya ronda los 1.500 millones de pesos y realidades que duelen: pobreza, conexiones clandestinas y un acceso precario a servicios básicos.

En la reunión entre líderes comunitarios, representantes de Afinia y autoridades locales, lograron encontrar un punto medio después de que las posturas estuvieran bien alejadas. La empresa exigía el pago de 35 millones de pesos correspondientes a la factura mensual, mientras la comunidad apenas ofrecía 6 millones. Finalmente acordaron los 25 millones de pesos que los residentes deben reunir para que arranque el proceso de reconexión. No es poco dinero para familias que ya cargan con apagones constantes y dificultades económicas.

Ahora la pelota está en cancha de la comunidad. El dinero debe llegar para que Afinia instale un nuevo transformador y restablezca la energía a los hogares. Con ese propósito, la empresa ya trasladó gestores de cobro y brigadas técnicas al sector, mientras líderes comunitarios intentan organizar la recolección entre los vecinos.

Pero el problema es más profundo que solo una deuda. Durante las negociaciones salió a la luz que hay conexiones irregulares en el sector y posibles usuarios de barrios vecinos enganchados a las redes eléctricas de Nueva Esperanza, lo que también explica por qué los números no cierran. La empresa anunció una revisión de estas conexiones irregulares para evitar futuros conflictos.

Este caso es como un espejo de lo que viven varios sectores vulnerables de Montería: comunidades con necesidades básicas insatisfechas, servicios que llegan a cuenta gotas y deudas que se acumulan hasta convertirse en conflictos permanentes entre usuarios y empresas. Es un ciclo difícil que mezcla precariedad económica con la dificultad de acceder a servicios públicos dignos.