Dos años lleva la Nueva EPS intervenida por orden del Gobierno Nacional y el panorama sigue siendo desalentador. Lejos de mejorar, la situación se ha deteriorado: aumentaron las quejas de los afiliados, se dispararon los recursos legales (tutelas) y persisten los problemas en la entrega de medicamentos y tratamientos. En este tiempo, la administración ha pasado por lo que muchos describen como un "ensayo y error", con cambios constantes de interventores sin que se establezca una dirección clara. Anoche la Presidencia anunció que Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, será el nuevo interventor, aunque antes había sonado el nombre de Daniel Quintero.

Lo que preocupa a muchos es la incertidumbre institucional que rodea el proceso. El Gobierno de Gustavo Petro planea extender la intervención, pero hay discusiones internas sobre si debe hacerse, bajo qué términos y por cuánto tiempo más. Según supo EL COLOMBIANO, la consejera de la Presidencia para las Regiones, Luz María Múnera, quien es también interventora adhoc, estaría en desacuerdos con el presidente sobre este tema. Además, el decreto que prorrogaba la intervención venció a media noche del 3 de abril, pero aún no se ha anunciado formalmente la nueva intervención ni sus términos quedaron claros.

La crisis también tiene aristas políticas. El senador electo Andrés Forero denunció presuntas irregularidades en la manera como el Gobierno habría conseguido el 51 por ciento de las acciones de Nueva EPS el 14 de noviembre de 2025. Según Forero, el presidente Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo habrían logrado ese control de forma "irregular y manipulada", posiblemente a través de transferencias forzadas de participaciones accionarias desde cajas de compensación como Comfenalco Antioquia, Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle y Confandi, que antes dirigían la entidad.

En el frente operativo, la situación es dramática. Las tutelas (recursos legales que presenta la gente cuando se le niegan servicios de salud) pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Pero lo más grave es que, según reveló la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, más de 120.000 de esas tutelas permanecen sin abrir en el correo de Nueva EPS. Eso significa que ni siquiera han sido leídas por alguien. La gente está pidiendo ayuda y nadie responde.

Los problemas se concentran en dos aspectos que afectan directamente a los pacientes: falta de entrega de medicamentos y suspensión o ausencia de tratamientos y procedimientos esenciales para gente con diabetes, VIH, cáncer, hipertensión y enfermedades huérfanas. Néstor Álvarez, presidente de la organización Pacientes de Alto Costo, explicó que aunque estos problemas existían antes de la intervención estatal, en los últimos meses se han intensificado. "Queremos que la Defensoría, Supersalud, la EPS, el Gobierno, todos comprendan que se está violando un derecho humano. A diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que se murió porque le faltaron medicamentos, pero en Colombia sucede. Necesitamos que la agenda de salud sea la principal", expresó Álvarez.

Mientras tanto, más de 200.000 usuarios han abandonado Nueva EPS en los últimos cinco meses buscando otras opciones. La pregunta que todos se hacen es hasta cuándo seguirá esta incertidumbre para los millones de colombianos que aún dependen de esta entidad para acceder a servicios de salud.