La Nueva EPS navega en aguas turbulentas. Mientras el Gobierno aún sueña con convertirla en la gran aseguradora del país como alguna vez fue el Seguro Social, la realidad golpea más fuerte cada mes. Los números son contundentes: entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, la empresa perdió 228.000 afiliados. Para dimensionarlo, esa cifra representa casi la población combinada de Dosquebradas en Risaralda y Tuluá en Valle del Cauca. Algo no anda bien cuando los usuarios votan con los pies.

El caos administrativo es evidente. En apenas dos años, la Superintendencia de Salud ha puesto cinco interventores diferentes en la EPS. Eso significa que cada uno ha permanecido en promedio cuatro meses en el cargo. El investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, fue claro al dialogar con El Colombiano: "sería el colmo" que cambiaran al actual agente Luis Óscar Galves, a quien presuntamente el presidente Petro le habría pedido la renuncia. Según Jiménez, "cada interventor trae una cultura organizacional distinta", y lo que la empresa necesita es estabilidad y "oxígeno financiero para solventar la crisis que tiene".

Pero el verdadero problema es el dinero. O mejor dicho, la falta de él. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó que Nueva EPS tuvo el mayor incremento en su cartera de deudas entre diciembre de 2024 y junio de 2025, llegando a cerca de 1,7 billones de pesos. La Contraloría General pintó un cuadro aún más oscuro: en marzo de 2025 la empresa tenía acumuladas cuentas por pagar de 21,37 billones. En menos de un año de intervención, las deudas casi se cuadriplicaron. El economista de salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, fue directo al diagnosticar el mal: "va a tener problemas de plata y de deudas" sin importar quién sea el interventor, y advirtió que "no le veo una salida rápida a esa situación hasta que cambie la Presidencia".

La falta de información agrava el panorama. Desde el primer trimestre de 2024, la Nueva EPS no publica reportes financieros actualizados, lo que impide tener una fotografía clara de su situación real. La empresa atiende a 11,5 millones de afiliados, el 22 por ciento del total del sistema en salud, pero nadie sabe exactamente cuáles son sus verdaderas obligaciones. Paralelamente, los colombianos desconfían: la Nueva EPS concentra el 12,6 por ciento de todas las tutelas en salud presentadas ante jueces en 2025.

Aquí está lo más paradójico: el Gobierno insistió con decretos en transferirle 2,6 millones de afiliados más a una empresa que la gente está abandonando. El Tribunal Administrativo de Antioquia tuvo que detener esos intentos. ¿La lógica? No la entienden los expertos consultados por El Colombiano.

Para avanzar, la superintendente ad hoc Luz María Múnera anunció a este diario que Nueva EPS contrataría una auditoría forense internacional. Esa revisión, según sus palabras, "nos va a mostrar a cuántos muertos les hemos pagado, cuántas facturas mellizas hay y todo lo que siempre hemos escuchado". Rodríguez insiste en que se necesita "una auditoría seria para concretar el tema de las facturas y hacer un plan de pago de deudas con los principales proveedores e IPS para hacer un saneamiento". El próximo presidente heredará este lío, y no será fácil desentrañarlo.