La salud en Colombia está en llamas. Mientras el Gobierno asegura que tiene recursos suficientes para financiar la atención, miles de pacientes con cáncer quedan sin puerta a donde tocar. El Instituto Nacional de Cancerología, una de las instituciones más importantes para el tratamiento oncológico en el país, anunció que ya no podrá recibir nuevos pacientes adultos. La culpa, según Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, es la Nueva EPS: la aseguradora con más afiliados en Colombia no está pagando y ha dejado a la institución con una deuda que ahoga sus operaciones.

En una entrevista con El Colombiano, Álvarez no tiene pelos en la lengua. Lleva 21 años liderando su organización y nunca había visto algo así. "Estamos viviendo la peor crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en la historia del sistema de salud colombiano", afirma. Y lo dice sin exageración: los pacientes ya han perdido la fe. Algunos tienen decenas de fallos judiciales a su favor que nunca se cumplen, así que ni se molestan en interponer nuevas tutelas. "Se ha llegado a un punto en que las personas ya perdieron la esperanza. Ya no ponen quejas ni tutelas. La gente dice: tengo veinte desacatos, tengo diez desacatos, ¿para qué pongo tutela?", explica Álvarez.

Lo que pasa con el Instituto Nacional de Cancerología es apenas el síntoma más visible de un problema más profundo. Mientras la Nueva EPS dice que seguirá atendiendo a los pacientes que ya están en tratamiento, Álvarez cuestiona cuánto tiempo aguantará la institución sin recibir dinero. "Aunque nos den un parte de tranquilidad diciendo que los niños y los que ya están en tratamiento seguirán siendo atendidos, yo me pregunto: ¿hasta cuándo podrá aguantar el Instituto si no recibe recursos?", pregunta. La cifra es alarmante: entre seis mil y nueve mil pacientes nuevos se quedarán sin opciones en Bogotá porque simplemente no hay otra institución dispuesta a recibirlos bajo el contrato de la Nueva EPS. Álvarez cree que el comunicado de la aseguradora es apenas un parche: "Ese parte de tranquilidad solo sería real si mañana garantizan un pago al instituto y firman un acuerdo para atender nuevos pacientes. Si no, es un comunicado para salir del paso".

El panorama se agrava cuando se mira la opacidad del sistema. La Nueva EPS se niega a publicar datos claros sobre cuántos pacientes con cáncer tiene, cuántos están siendo atendidos en Antioquia o cuáles son sus compromisos reales. Álvarez denuncia que aunque el Gobierno dice que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es suficiente para cubrir la atención y que el 90 por ciento del cáncer está cubierto por este mecanismo, el dinero no llega. "¿Dónde está la plata en Nueva EPS?", pregunta directamente. Su organización ha intentado presionar desde una mesa de negociación llamada "Por la Vida", pero los resultados han sido pobres. Los interventores, asigna, aparecen apenas minutos y desaparecen.

Mientras tanto, los pacientes sufren en silencio. Los diagnósticos se tardan entre tres y seis meses. Los medicamentos, especialmente las quimioterapias orales, no llegan. Álvarez es claro en su diagnóstico: el Gobierno está haciendo política con la salud, pero lo está haciendo mal. "Ha sido una bandera mal gestionada, ya que sus acciones han terminado afectando la salud y la vida de muchos colombianos", sentencia. Su petición es simple pero urgente: que el interventor Jorge Iván Ospina ordene un pago inmediato al instituto y firme un acuerdo que garantice la atención de nuevos pacientes y el pago de la deuda acumulada. Sin eso, dice, todo lo demás es solo ruido.