Las irregularidades en la Universidad Popular del Cesar siguen dejando denuncias a su paso. Esta vez, Juliana Guerrero no solo enfrenta cargos en la Fiscalía por falsedad ideológica y fraude procesal, sino que suma una nueva acusación que surge directamente de su participación en un nombramiento que ya fue anulado por los jueces.

Todo ocurrió en marzo. Mientras la Fiscalía la citaba para una imputación que ella no atendió, Guerrero se presentó en la universidad para participar en la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector. Esa decisión le traería consecuencias. El abogado Belisario Jiménez Lúquez radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en días recientes, cuestionando cómo se permitió que alguien sin los requisitos necesarios fuera nombrado para ese cargo.

El problema es claro: el Consejo de Estado determinó que Echevarría no cumplía con los estatutos internos de la universidad, que exigen mínimo cinco años de experiencia en educación superior. La defensa del rector intentó contar labores realizadas en 2020 en una institución llamada UPARSISTEM S.A.S., pero los jueces rechazaron eso. Explicaron que esa entidad es un centro de formación para el trabajo, no una institución de educación superior, y por ley no puede ofertar programas de ese nivel.

Jiménez aseguró que estas irregularidades eran conocidas por todos en el Consejo. "Los denuncié porque considero que actuaron dolosamente, a pesar de todas las advertencias que se hicieron para que no se designara a Guillermo Echavarría como rector de la UPC", expresó el abogado. Según su denuncia, la sesión duró apenas ocho minutos y no hubo evaluación alguna de hojas de vida ni consideraciones adicionales. Por eso pide investigar por prevaricato por acción y concierto para delinquir.

No es solo Guerrero quien está bajo la lupa. También fueron denunciados Xavier Miguel Estrada Escudero, delegado del Ministerio de Educación; Marlon José Bastidas Barranco, representante de los docentes; Armando Luis Cotes de Armas, representante de las directivas académicas y Óscar Pacheco Hernández, representante de los exrectores.

Mientras tanto, Jennifer Pedraza, recién electa senadora y crítica vocal de Guerrero, ha cuestionado que la delegada del Gobierno siga en su cargo a pesar de todo. En un mensaje en X expresó que "aún así Juliana sigue siendo la delegada de Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para hacerle favores a Ape Cuello".

Por ahora, ninguno de los denunciados se ha pronunciado públicamente. Lo cierto es que el proceso en la Fiscalía contra Guerrero ya avanzó: la audiencia de imputación que no asistió en marzo finalmente se realizó.