El Gobierno noruego se prepara para dar un paso decisivo en la protección de la infancia digital. Anunció un proyecto de ley que busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una prohibición que entraría en vigor en 2027 si es aprobada por el Parlamento. La medida es parte de una estrategia más amplia para repensar cómo los más jóvenes se relacionan con la tecnología en sus primeros años de vida.

El elemento clave de esta iniciativa es quién carga con la responsabilidad de verificar la edad. Según el proyecto, no serían los menores quienes deberían probar su edad, sino las propias plataformas tecnológicas. De esta manera, se traslada la carga de la verificación a las empresas que prestan estos servicios, reconociendo que ellas tienen los recursos y la capacidad para hacerlo. La prohibición se levantaría automáticamente el 1 de enero del año en que los jóvenes cumplen 16 años.

El primer ministro Jonas Gahr Støre fue claro sobre el propósito de esta medida. "Queremos una infancia en la que los niños sean niños. Los juegos, el día a día y la amistad no deben ser controlados por algoritmos y pantallas", expresó. Su mensaje refleja una preocupación creciente sobre cómo estas plataformas moldean la experiencia infantil y adolescente, especialmente en términos del impacto psicológico y social.

La iniciativa cuenta con el apoyo de varios aliados del Gobierno noruego, que actualmente gobiernan en minoría en el Parlamento. Se espera que sea presentada ante la cámara legislativa antes de que termine el año, lo que indica que el proceso avanza con cierta velocidad.

Noruega no está sola en esta apuesta. Países como España, Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Francia han impulsado recientemente medidas similares. Australia fue más allá en 2024, aprobando una ley de estas características para proteger a menores de riesgos asociados al uso de redes sociales. Esto sugiere una tendencia global hacia una mayor regulación del acceso digital de los más jóvenes.

Con este proyecto, Noruega intenta fortalecer la responsabilidad de las compañías tecnológicas y establecer un nuevo estándar en la protección de niños y adolescentes frente a los efectos de la vida digital.