Apenas unas horas después de hacerse oficial, el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de salud ha desatado una ola de inconformismo que se extiende desde Medellín hasta el nivel nacional. Los críticos ya se preparan para emprender acciones legales contra esta decisión del Gobierno Petro.

La polémica encuentra justificación en el estado en que quedó el Hospital General de Medellín, el centro asistencial público más importante de la ciudad, tras la administración del ahora funcionario. La institución heredó una cartera vencida cercana a los 130 mil millones de pesos y servicios públicos sin pagar por mil millones adicionales. Las pérdidas económicas registradas durante ese período superaron los 128 mil millones de pesos.

El deterioro operativo fue evidente. El Hospital General cerró 21 camas de hospitalización, 7 camas de UCI neonatal, 3 camas de UCI para adultos y 2 quirófanos. Esta reducción de la capacidad asistencial afectó directamente la atención a pacientes en una institución vital para Medellín.

Ante esta situación, diputados y representantes a la Cámara ya han anunciado que presentarán medidas legales para intentar frenar el nombramiento de Quintero en este nuevo cargo de alcance nacional.