En La Guajira acaba de suceder algo que no había pasado antes en el país: niños y adolescentes migrantes fueron invitados a la mesa donde se decide el futuro de la política migratoria colombiana. No fue una foto para la prensa ni un trámite más en los papeles. Fue un encuentro real donde sus palabras quedarían plasmadas en el CONPES Migratorio 2026–2036, el documento que orientará cómo Colombia atiende la migración durante la próxima década.

Los Equipos Móviles de Respuesta y Atención al Migrante (ERAM) llevaron menores del sector Villa del Sur, en Riohacha, a participar en lo que llamaron el ciclo deliberativo número 22. Allí, lejos de cifras técnicas y lenguaje de escritorio, les pidieron que reflexionaran sobre lo que realmente importa en sus vidas: salud, alimentación, educación, deporte, diversidad y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Lo que dijeron esos chicos fue tan directo como desgarrador. Fraidelimar, una adolescente participante, propuso algo que muchos adultos no se atreverían a pedir: "Mi propuesta para tener una buena salud sexual, reproductiva y autonomía es que nosotros como jóvenes aprendamos a tomar nuestras propias decisiones; que nadie puede tocar nuestro cuerpo porque es nuestro y saber prevenir a través de los métodos anticonceptivos". Su compañera Estefany fue más al punto: "Yo propongo que ningún niño pase hambre y que todos puedan estudiar".

Esas frases, en boca de menores en situación de vulnerabilidad en la frontera, condensan toda la urgencia humanitaria que enfrentan miles de familias desplazadas. No hablaban de teorías ni planes complejos. Hablaban de hambre real y del derecho básico a la educación.

El Viceministerio de Asuntos Migratorios, junto a Bienestar Familiar, el Ministerio de Igualdad y Equidad y la Gobernación de La Guajira, coordinaron este encuentro para que la voz de la niñez no quedara afuera de las decisiones que van a marcar su destino. La idea es que lo que estos menores expresaron no sea solo escuchado, sino que sea vinculante en la formulación de la política pública.

Con iniciativas como esta, Bienestar Familiar busca transformar los espacios de atención en lugares donde realmente se escucha. Reconoce a los niños y adolescentes no como beneficiarios pasivos, sino como agentes que tienen derecho a incidir en las decisiones que van a cambiar sus vidas.