La justicia volvió a pronunciarse en el caso de Nicolás Petro Burgos y ratificó lo que ya había decidido antes: por ahora, no irá a la cárcel. Un juzgado de Barranquilla confirmó en segunda instancia que el hijo del presidente no será privado de la libertad mientras continúa la investigación en su contra por presuntas irregularidades en contratos públicos.

El caso, conocido como Fucoso, ha mantenido en el ojo público durante meses. La investigación señala que Nicolás Petro estaría involucrado en el supuesto direccionamiento de contratos que superarían los 3 mil millones de pesos. Se trata de recursos que estaban destinados a programas sociales para población vulnerable en el departamento del Atlántico.

Durante la audiencia, el despacho judicial llegó a la conclusión de que, aunque los delitos imputados son graves, no quedó demostrado que exista un riesgo inminente de que el investigado intente huir o no se presente a las diligencias judiciales. Por eso, consideraron que no era necesario ordenar su captura.

El juez tuvo en cuenta varios factores en su decisión. Primero, el comportamiento de Nicolás Petro frente a la justicia hasta ahora: ha asistido a las diligencias y ha informado oportunamente sobre sus cambios de domicilio, lo que sugiere disposición para atender el proceso. También consideró su arraigo familiar y social en Bogotá, donde actualmente reside en una ubicación conocida por las autoridades.

Otro elemento importante fue que las medidas no privativas de la libertad que ya están en vigor, particularmente la restricción para salir del país, han sido suficientes para garantizar su comparecencia. Por eso el juzgado decidió mantener estas medidas cautelares sin necesidad de enviar al investigado a prisión.

La Fiscalía continúa investigando posibles irregularidades en convenios suscritos entre la Gobernación del Atlántico y una fundación durante 2021 y 2022. Según el ente acusador, estos contratos habrían sido manipulados para favorecer intereses particulares, lo que generó imputaciones por tráfico de influencias y falsedad en documento público. El proceso sigue en curso y permanece como uno de los más relevantes a nivel nacional por el perfil de la persona involucrada.