En las oficinas del gobierno Petro se repite la historia que tanto criticaban cuando estaban afuera del poder. Nuevas denuncias revelan que familiares y allegados de varios ministros han obtenido millonarios contratos con entidades del Estado, en lo que parece ser un patrón de nepotismo que contradice los discursos de transparencia que prometieron durante la campaña.

Lo curioso del asunto es que la ola de contrataciones aceleró después del 30 de enero, cuando entró en vigencia la Ley de Garantías por elecciones. A partir de esa fecha rigen varias prohibiciones para hacer nuevas contrataciones, así que el Gobierno metió el acelerador para entregar a dedo contratos que suman miles de millones en todas las entidades del Estado.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, es uno de los casos más documentados. Es el funcionario más cercano al presidente y el que más tiempo ha permanecido en su cargo, incluso ha fungido como ministro delegado en ausencias de Petro. Según la congresista Katherine Miranda, familiares de Jaramillo han recibido más de tres mil millones de pesos en contratos y cargos públicos desde 2023. Entre ellos está su cuñada María Clara Berrocal con casi 400 millones en la JEP, sus sobrinos Sebastián y Camilo Andrés Jaramillo Berrocal con contratos que superan los mil 400 millones, su hijastro Sebastián Laverde en Adres, su hermano Omar en la Contraloría, su hijo Alejandro como director de ProColombia en Reino Unido, y su esposa Beatriz Eugenia Gómez Consuegra quien labora como superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

En el ministerio de Cultura, la ministra Yannai Kadamani también está envuelta en cuestionamientos similares. Congresistas denunciaron que sus familiares han firmado contratos estatales por más de mil 279 millones. Su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, acumula contratos por 595 millones entre 2023 y enero de 2026, incluyendo tres acuerdos simultáneos en 2026; su hermano Salim suma 333 millones en contratos, y Haidibers Arredondo, esposa del tío de la ministra, registra cinco contratos por 351 millones incluyendo acuerdos con los ministerios de Cultura y Trabajo.

Hollman Morris, director de RTVC y cercano al presidente, vuelve a estar en el radar de las polémicas. Sus familiares han recibido diez contratos estatales por 732 millones de pesos. Entre ellos Ingrid Johanna Morris Rincón con siete contratos por 441 millones, Helga Lorena Morris con dos acuerdos por 159 millones con el Ministerio de las Culturas, y Juan Pablo Morris Rincón con un contrato de 131 millones en 2024 con la Unidad de Restitución de Tierras.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cierra la lista de controversias. Sus familiares han suscrito contratos que superan los mil 077 millones. Su esposa Diana Meza acumula siete contratos por 415 millones con el Sena y otras entidades; su hermano Jairo ha celebrado ocho contratos por 661 millones, siendo el más grande uno de 260 millones con la Agencia de Desarrollo Rural; y su hija Laura Marcela fue nombrada Subdirectora Técnica en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Lo preocupante no es solo la cifra, sino la pregunta que surge: si estas personas no tuvieran parentesco con los ministros, ¿habrían accedido a estos beneficios? Mientras el sistema de salud enfrenta crisis por falta de recursos, mientras miles de colombianos luchan por conseguir empleo, el gobierno que prometió acabar con estas prácticas parece haber caído exactamente en lo que criticaba.