Un fiscal especializado de Medellín activó una investigación preliminar para esclarecer qué pasó en la parranda vallenata que se montó dentro de la cárcel La Paz de Itagüí. Lo que busca establecer en primer lugar es si hubo prevaricato entre los funcionarios del Inpec que retiraron las medidas de seguridad permitiendo el ingreso del cantante Nelson Velásquez y otras personas sin los controles que exige un penal de máxima seguridad.

Pero la cosa va más allá. Las autoridades también quieren investigar al mismo Velásquez y su orquesta para determinar de dónde salieron los más de cinco millones de pesos que recibieron por una presentación que duró más de cinco horas. Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, no dejó dudas sobre sus sospechas: "Ya la Fiscalía enhorabuena acaba de anunciar que está haciéndole una investigación al cantante Nelson Velásquez por posible enriquecimiento ilícito, esos 100 millones de pesos que él recibió hay que investigar cómo los recibió, de dónde provenían esos recursos. Para nadie es un secreto que esos 100 millones de pesos vienen de la extorsión, del microtráfico y de la criminalidad".

Pasados seis días del escándalo, el cantante salió a defenderse con un comunicado. Velásquez aseguró que en sus 35 años de carrera ha actuado siempre dentro del marco de la ley y que en este caso específico procuró de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones en que se realizó la actividad. Ángela María Buitrago, exministra de Justicia, fue crítica con lo ocurrido: "Los que tienen que intervenir son las autoridades competentes, la Procuraduría, la Fiscalía, porque esto no puede seguir pasando porque lo que está generando es una ruptura de las reglas del sistema carcelario".

El Inpec no esperó mucho para actuar. Ya abrió una investigación interna y sacó del cargo a once funcionarios, incluyendo al subdirector del penal. Mientras tanto, la Procuraduría de la República tomó control preferente del caso y está adelantando la investigación disciplinaria contra los empleados del Inpec involucrados en esta irregularidad que pone en evidencia los huecos de seguridad en uno de los penales más vigilados del país.