En el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, Antioquia, está internada Blanca Uribe, una mujer de 92 años cuya vida depende de un cambio de marcapasos que Nueva EPS no ha autorizado. Desde hace más de un mes y medio permanece hospitalizada esperando un procedimiento que un juez ya ordenó realizar, pero que la entidad de salud, intervenida por el gobierno, sigue sin tramitar.

El drama comenzó cuando el dispositivo implantado hace cerca de diez años llegó al final de su vida útil. Desde agosto pasado la familia buscaba la revisión y reemplazo, pero las citas fueron aplazadas una y otra vez. El 8 de enero Blanca ingresó por urgencias debido a complicaciones con los niveles de sodio y potasio, y cinco días después un electrofisiólogo determinó que el marcapasos debía ser cambiado de inmediato. El problema: el hospital no contaba con el equipo y Nueva EPS debía autorizar la remisión a otra clínica.

Eso fue hace casi dos meses. Desde entonces, según relata su hija Mónica Restrepo, no ha habido respuesta formal alguna. "Mi mamá necesita en este momento el cambio de marcapasos, ya que el que tiene llegó a su vida útil, la batería se agotó. Necesitamos que le cambien el marcapasos urgentemente", afirmó Restrepo. Ante el silencio de la entidad, la familia interpuso una acción de tutela el 23 de enero, que fue fallada a su favor. Sin embargo, la orden judicial no se cumplió. Hubo dos incidentes de desacato interpuestos contra Nueva EPS, pero tampoco produjeron efecto. "Se había instaurado la tutela y no atendieron esa tutela. Se les hicieron dos desacatos a los cuales tampoco accedieron. No hubo ninguna respuesta", denunció Restrepo.

Mientras la burocracia avanza lentamente, la salud de la paciente se ha deteriorado dramáticamente. Mónica cuenta que su madre ha presentado acumulación de líquidos en los pulmones, tuvo que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos durante dos días, y su presión arterial fluctúa constantemente. "La presión de mi mamá ha estado en constante sube-baja, está muy pálida, muy alcanzada. Ya estuvo en la UCI porque estaba llena de líquidos. El cansancio es horrible", describe. La situación llegó al punto en que Mónica pidió a los médicos que le practicaran una radiografía, pero uno de ellos reaccionó molesto. "Él se enojó y me dijo que él era el que mandaba", relata. El examen confirmó lo que la hija sospechaba: acumulación severa de líquidos.

El deterioro ha sido alarmante. "La salud de mi mamá se ha deteriorado casi que en un 80 por ciento", denuncia Mónica. Blanca continúa hospitalizada, esperando un procedimiento que podría estabilizar su corazón, mientras su familia siente que el sistema les ha dejado abandonados. "Nos sentimos abandonados por el Estado, por la Nueva EPS", expresa la hija con la frustración de quien ha agotado todos los caminos.

La judicatura finalmente actuó. El Juzgado 27 Penal de Medellín sancionó con arresto de 48 horas al interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, por desacato luego de verificar que la entidad no cumplió con las órdenes judiciales impartidas. La decisión reconoce que, a pesar de los requerimientos previos y del tiempo transcurrido, no hubo cumplimiento de lo ordenado. Sin embargo, para Blanca y su familia, una sanción administrativa no compensa el tiempo perdido ni la gravedad de su estado actual.