El nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia tiene raíces más profundas en el país de lo que podría parecer a primera vista. Nate Morris, nominado por Donald Trump para ocupar este cargo diplomático, está casado con la hija de Carolina Barco, quien fue canciller de Colombia. El vínculo familiar se completa cuando se conoce que la excanciller contrajo matrimonio en segundas nupcias con Robert Mosbacher, empresario estadounidense que es el padre de la esposa de Morris.

Mosbacher pertenece a una de las dinastías empresariales y políticas más relevantes de Texas. Su padre fue secretario de Comercio durante la administración de George Bush padre, mientras que su tío Emil ocupó el cargo de jefe de protocolo en tiempos de Richard Nixon. El propio Mosbacher ha sido candidato al Senado de Estados Unidos y a la Alcaldía de Houston. Actualmente dirige Mosbacher Energy Company, una compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas. Barco y Mosbacher se conocieron hace varios años en Washington y celebraron su matrimonio en la más estricta intimidad, rodeados únicamente de su círculo familiar más cercano.

Este nombramiento llega en un momento en que la política colombiana navega por aguas revueltas. Mientras tanto, en el Gobierno nacional, circulan especulaciones sobre una posible salida de Armando Benedetti, aunque fuentes cercanas sugieren que su permanencia dependerá de la decisión del presidente Gustavo Petro. Desde sectores del Pacto Histórico, incluso, resuenan consignas pidiendo "liberen a la bestia", haciendo referencia a su posible regreso a la política activa.

La agenda política también ha sido marcada por el matrimonio del hijo del presidente Petro, que se realizó en las instalaciones de la Escuela Cespo, el centro de formación de la Policía Nacional. La ceremonia se llevó a cabo en una capilla del complejo, mientras que la celebración se desarrolló en una cabaña junto al lago. Según reportes, la institución policial habría subsidiado el evento sin cobrar los alquileres ni la decoración, y habría proporcionado almuerzo para 150 invitados y la orquesta de la Policía para animar la celebración. El costo estimado del evento oscila entre 50 y 100 millones de pesos, lo que ha generado inconformidad entre algunos oficiales de la institución.

En el sector minero, meanwhile, persiste una crisis que ha obligado a decisiones drásticas. Cerrejón ha enfrentado aproximadamente 80 bloqueos a lo largo de este año, perpetrados principalmente por comunidades wayuu que demandan atención a sus reivindicaciones. Uno de estos bloqueos, iniciado el 23 de mayo, continúa vigente e impide el suministro de combustible y otros bienes esenciales para la operación, así como el transporte de carbón hacia el puerto. Como consecuencia, la minera ha anunciado la suspensión de sus operaciones mineras, ferroviarias y portuarias a partir de hoy, lo que afectará la mayoría de los contratos laborales, exceptuando aquellos necesarios para el cuidado y mantenimiento.

Cerrejón ha calificado esta situación como un evento de fuerza mayor y ha hecho un nuevo llamado al diálogo constructivo para poner fin a los bloqueos, argumentando que estos generan impactos severos en el empleo y el desarrollo regional de la zona.