Nariño enfrenta una de sus peores emergencias invernales en los últimos años. La Gobernación departamental hizo oficial la declaratoria de calamidad pública ante los estragos causados por dos meses consecutivos de lluvia intensas que desbordaron completamente la capacidad de respuesta de las instituciones locales. Esta decisión, tomada por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, busca acelerar la atención humanitaria y garantizar recursos extraordinarios para 27 municipios afectados.

Las cifras que dejó la temporada invernal son desgarradoras. Diez personas han muerto, casi 15 mil damnificados en más de 3.600 familias perdieron sus hogares o quedaron sin vivienda segura. Además, 293 casas están destruidas o inhabitables, 4 centros hospitalarios resultaron dañados y 53 instituciones educativas sufrieron afectaciones graves. Los servicios de agua potable también fueron golpeados: 19 acueductos están impactados. En cuanto a las vías, se han identificado 50 puntos críticos que requieren intervención urgente. En total, se han registrado 49 eventos asociados al invierno: 33 derrumbes o movimientos en masa, 8 inundaciones y 6 avenidas torrenciales.

Gabriel Ocaña, director Departamental de Gestión del Riesgo, explicó que "Esta declaratoria nos permite actuar con mayor rapidez, movilizar recursos y elevar la emergencia a nivel nacional e incluso internacional para proteger la vida y restablecer los servicios básicos". La declaratoria activa un plan de acción específico con responsables institucionales claros y líneas de financiación para atender prioritariamente la vivienda, vías, agua potable, salud y educación, además de facilitar cooperación técnica y financiera tanto nacional como internacional.

Los municipios más golpeados por el invierno incluyen Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán, Olaya Herrera, La Tola, Samaniego, El Peñol, San Lorenzo, Ipiales, Mallama, Ricaurte, Ancuya y otros tantos donde las familias se ven obligadas a buscar albergues temporales. Lo particularmente grave es que puentes estratégicos como el de Sánchez en Policarpa, La Vega en La Cruz y Janacatú en El Tablón de Gómez colapsaron parcialmente, dejando comunidades enteras aisladas sin acceso a alimentos ni servicios médicos.

El sector salud enfrenta también una crisis severa. Según Wilson Larrañaga, profesional del Instituto Departamental de Salud, "Estamos articulando acciones para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la temporada invernal y garantizar la atención integral a las familias afectadas". El departamento activó alerta roja hospitalaria nacional. El centro de salud en La Oscurana, Mallama, fue destruido por un movimiento en masa, mientras que en Santa Bárbara de Iscuandé hay daños estructurales graves en la infraestructura hospitalaria.

Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura de la Gobernación, insistió en la necesidad urgente de inversión que garantice transitabilidad segura y abastecimiento de alimentos para mitigar el aislamiento de comunidades rurales. La declaratoria de calamidad pública busca precisamente eso: movilizar recursos de forma acelerada para que, tanto municipios como el departamento, logren responder a una crisis que ya superó sus capacidades ordinarias.