Con apenas días para que Colombia acuda a las urnas el próximo 8 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos encendió las alarmas. Scott Campbell, representante de la ONU en el país, advierte que en amplias zonas rurales del territorio nacional, los grupos armados ilegales están coartando derechos políticos fundamentales de forma silenciosa pero efectiva.

El problema no siempre se ve en combates abiertos en las calles. Según Campbell, lo que realmente sucede es un dominio territorial que se expresa en lo que él describe como una "ley del silencio". En esas regiones, las comunidades viven bajo miedo e intimidación constantes. "La gente tiene miedo de votar por el candidato que prefiera. Hay mensajes de los grupos armados, hay indicaciones fuertes. Muchas veces hay restricciones de movilidad y no pueden ir libremente a los puestos de votación", señaló en entrevista con El Tiempo.

El impacto va más allá del voto. En territorios donde un solo grupo armado mantiene control hegemónico, la población carece de libertad para asociarse, moverse o expresarse libremente. "No hay libertad para organizarse en juntas o asociaciones populares. No hay libertad de movimiento. Eso tiene un impacto muy grave en derechos fundamentales como la educación o la alimentación", advirtió Campbell. A esto se suma el reclutamiento forzado de menores, que frecuentemente no se denuncia por temor a represalias.

La ONU documentó violaciones graves de derechos humanos en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Guaviare. La región del Catatumbo en el norte del país enfrenta una situación especialmente delicada, junto con La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena Medio. La Defensoría del Pueblo había alertado previamente que 649 municipios necesitaban acciones urgentes para proteger el proceso electoral, y los reportes más recientes muestran que esa cifra de zonas en riesgo ha aumentado.

Candidatos y líderes políticos tampoco tienen garantías plenas para desarrollar sus campañas en estas áreas. Campbell planteó una pregunta incómoda: "La pregunta es si realmente hay verdadera democracia en estas zonas", refiriéndose a los límites que enfrentan el derecho al voto, la participación política y la asociación.

A menos de una semana de las votaciones, las advertencias de la ONU subrayan una realidad difícil: en vastas regiones de Colombia, el ejercicio de derechos civiles y políticos sigue siendo condicionado por el control y la presión que ejercen actores armados ilegales.