El Movimiento Indígena Nación Wayuu entregó hace poco su informe de derechos humanos del primer semestre de 2026, un documento que pinta una realidad muy preocupante en La Guajira. La organización levantó la voz alertando sobre el deterioro de la seguridad, el agravamiento de la crisis humanitaria y los peligros crecientes que enfrenta el pueblo wayuu en el territorio. El informe fue enviado no solo a la Presidencia de la República, sino también a organismos de control, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una llamada de emergencia sobre lo que ocurre en el departamento.

Las cifras y los hechos documentados en el informe son crudos. Homicidios, feminicidios, secuestros, amenazas y reclutamiento de jóvenes indígenas aparecen como patrones recurrentes. A esto se suma la presencia de grupos armados ilegales disputándose el territorio, muchas veces relacionada con conflictos por proyectos minero-energéticos. Es un panorama de violencia que no cesa y que afecta la vida cotidiana de las comunidades.

Pero la violencia no es lo único que está matando a La Guajira. El informe también documenta una crisis humanitaria que sigue golpeando a la población: el hambre es real, el agua potable escasea, la salud es difícil de acceder y hay niños y niñas que mueren por desnutrición e inseguridad alimentaria. Una combinación letal de factores que van más allá de la violencia directa.

Nación Wayuu también expresó preocupación porque se están violando derechos fundamentales como el de la consulta previa, un mecanismo que debería proteger a los pueblos indígenas antes de ejecutar proyectos en sus territorios. Según la organización, la expansión de grupos armados y el reclutamiento forzado de jóvenes representan una amenaza seria para la supervivencia física y cultural del pueblo wayuu. No es solo sobre vivir o morir, sino sobre la permanencia misma de una cultura milenaria.

Después de documentar todo esto, el Movimiento Indígena Nación Wayuu llegó a una conclusión contundente: la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Por eso solicitan de manera urgente que se adopten medidas de protección, prevención y garantía de derechos que logren frenar el deterioro que vive La Guajira. Sin esas acciones inmediatas, la crisis humanitaria seguirá profundizándose.