En Pavarandó Grande, un corregimiento de Mutatá, la situación educativa había llegado al límite. Después de tres años esperando la construcción de una nueva sede escolar, los estudiantes seguían sin aulas dignas. Eso cambió cuando padres y alumnos decidieron parar las clases indefinidamente el pasado 20 de abril, visibilizando una realidad que parecía invisible para las autoridades: menores de edad recibiendo educación en cantinas, discotecas y espacios al aire libre.

La presión funcionó. Esta semana se formalizó la instalación de una mesa de diálogo que reúne a la Gobernación de Antioquia, la administración municipal, la comunidad y la Fundación Isaías Duarte Cancino. No es solo un espacio para hablar: es una apuesta concreta por resolver un problema que tiene a toda una comunidad cansada.

El objetivo central es claro y urgente: crear un plan de contingencia inmediato que garantice que los estudiantes reciban clases en lugares realmente aptos mientras se termina la construcción y dotación de la nueva Institución Educativa Rural. Según reportes de las reuniones, hay disposición de todas las partes para definir responsabilidades técnicas y financieras.

Lo más importante es que la mesa continúa activa con acompañamiento de las entidades competentes. En Pavarandó no quieren promesas que no cumplan: quieren ver la infraestructura terminada y a los estudiantes en aulas como corresponde. El próximo paso es convertir esa disposición que reportan en compromisos concretos y fechas reales de entrega.