El sistema judicial le pasó factura a la Unidad Nacional de Protección. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín sentenció al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por desacatar una orden judicial que le ordenaba garantizar la seguridad de un activista político. La sanción incluye una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, y la decisión también fue remitida a la Fiscalía General y a la Procuraduría General para que investiguen si hay responsabilidades penales y disciplinarias por este incumplimiento.

Todo comenzó cuando Santiago Alvarán, un analista y activista conocido por criticar las políticas del Gobierno nacional, fue víctima de un atentado el 29 de junio de 2025 en la vía que conecta a Medellín con Urabá, en Antioquia. Alvarán había denunciado previamente reiteradas amenazas de muerte en su contra. Tras el ataque, pidió a la UNP que le asignara un esquema de protección, pero la entidad no respondió de manera efectiva, así que el activista acudió a la justicia a través de una acción de tutela.

El juzgado le dio la razón en enero de 2026, ordenando al director de la UNP garantizar su seguridad. La orden fue confirmada nuevamente en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de abril de 2026. Sin embargo, según la sentencia, esta orden nunca fue cumplida, lo que llevó a la declaratoria de desacato y al castigo que ahora enfrentan los directivos de la entidad.

La sanción no solo alcanzó a Rodríguez Ballesteros. Nelson Rolando Russi, director de Evaluación de Riesgo, y Miguel Ángel Quiroga, director de la Dirección de Protección, también deberán pagar una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por su rol en el incumplimiento.

Alvarán, frustrado con la situación, no se guardó sus críticas. "La Unidad Nacional de Protección, gerenciada por Augusto Rodríguez, ha dejado sin seguridad a líderes sociales derivados de atentados, ha incumplido decisiones judicales en factibilidad de protección a los activistas sindicales en riesgo", señaló públicamente durante el proceso.

Ahora, con la remisión de copias a los organismos de control, la Fiscalía y la Procuraduría tendrán que determinar si el incumplimiento de esta orden judicial configura faltas que requieran investigaciones más profundas.