Tres de los mayores fabricantes de componentes electrónicos del mundo fueron condenados por la Comisión Europea a pagar multas por un acuerdo secreto sobre precios. Philips, Samsung e Infineon conspiraron entre 2003 y 2005 para determinar conjuntamente cuánto cobrar por los chips (los pequeños procesadores) que usan los teléfonos inteligentes, según la investigación europea.

En total, tendrán que desembolsar 138 millones de euros. Infineon, la firma alemana especializada en semiconductores, absorberá la mayor parte: 82,2 millones de euros. Samsung pagará 35,1 millones y Philips 20,2 millones de euros. Lo grave es que estos acuerdos no son asuntos entre amigos: manipular precios en secreto es ilegal en Europa y golpea el bolsillo del consumidor final, que termina pagando más por sus dispositivos.

Infineon y Philips anunciaron que recurrirán la decisión y no aceptarán el fallo sin luchar. Samsung, por su parte, aún no se ha pronunciado públicamente. Interesantemente, la empresa japonesa Renesas, que es un proyecto conjunto de Hitachi y Mitsubishi, escapó de las multas porque fue la primera en denunciar a las otras y colaborar con las autoridades. En el mundo de los carteles, quien chiva primero se salva.

Este no es un caso aislado. Hace poco, Intel perdió su apelación contra una multa incluso más grande: 1.100 millones de euros que la Comisión Europea le impuso por haber ofrecido descuentos secretos a fabricantes como Dell, Hewlett-Packard, NEC y Lenovo para que compraran solo sus chips y no los de su competidor AMD. Esas prácticas ocurrieron entre 2002 y 2007. La lección es clara: Europa está tomándose en serio la competencia justa.